Potosí, un quebradero de cabeza

Bentanzos, San Antonio y Potosí, BOLIVIA, (ABI).- "Ya no tenemos más qué comer y no podemos salir ni volver", vocifera un hombre que mira hacia ambos lados de la ruta cortada en un intento por corroborar lo que acaba de declarar a una radio de La Paz, vía teléfono celular. Hay mucha gente crispada en el camino noroeste que comunica Betanzos con Potosí, aislado del resto de Bolivia por un corte de rutas y un paro cívico que deja medio millón de dólares de pérdidas al día y que ha convertido a esa mítica ciudad andina, mundialmente famosa por su Cerro Rico, en una prisión para 40 turistas extranjeros.     La medida de fuerza cumple ya dos semanas y la cúpula del Comité Cívico Potosinista, galvanizador de la presión y que parece tener el sartén por el mango, rehúye sistemáticamente el diálogo que el gobierno de Evo Morales encarece ya en medio de una situación exasperante, incluso para la población desabastecida de Potosí.     La situación en los caminos para los infortunados pasajeros varados es de calamidad.     "Imagine, tengo dos menores, se acabaron los pañales (desechables) y no hay agua cerca y los niños están escaldados", representa Jacqueline que varada a la altura de un punto conocido como san Antonio, dice sentir temor porque los activistas de la protesta vigilan amenazantes, algunos de ellos con cilindros de dinamita en bandolera, que nadie escape al corte de rutas.     La situación no es mejor en la ciudad Potosí, de unos 150.000 habitantes y a 550 km de La Paz y 150 km de Sucre, capital de Bolivia y sede de un diálogo frustrado la víspera.     Ya no hay alimentos en los centros de abasto y el dinero ha perdido su principal valor de intercambio, por bienes para sobrevivir.     Es lo más parecido al "desgano vital" que se registró el siglo XVII en Potosí, contra la autoridad peninsular en oposición a "la utilización irracional de esclavos indios y negros para la extracción del mineral", reseña un hombre que dice conocer "como la palma de la mano" la historia de esta ciudad y que declina revelar su nombre para evitar "represalias".     En 15 días de huelga escasea todo. No hay dinero en los dispensarios de los cajeros automáticos. El comercio ha cerrado por la presión de los "comiteístas" y lo poco o mucho que tenía lo ha vendido, por los ruegos de las amas de casa que deambulan por las calles empinadas de la ciudad más antigua de Bolivia en busca de alimentos.     Los hospitales y policlínicas privadas locales están exánimes.     No hay medicamentos en plaza y los familiares de los enfermos piden incluso placebos para mitigar los males de los suyos.      "Ya no hay drogas en la botica", lamenta un hombre viejo y encorvado que dice no recordar "en los últimos 60 años una situación tan grave como ésta".     Algunas mujeres de pueblo elaboran en casa galletas o las tradicionales 'tawas', 'sopaipillas' y los apetecibles 'chambergos' con los que la población reemplaza el pan de batalla para apurar el desayuno o el tradicional té de media tarde.     "A mala hambre no hay mal pan", se regodea una mujer que ha pedido 10 'tawas' para mitigar el hambre pronunciada de sus tres vástagos.     Estos productos "vuelan", literalmente, de las manos de las eventuales comerciantes que se emplazan en puntos estratégicos en las laderas de la ciudad para no ser detectados por  los vigías del Comité Cívico Potosinista, que se han ganado la mala reputación de "depredadores".      En los caminos desde y hacia la ciudad de Potosí hay 700 camiones de carga paralizados.     La situación más dramática la viven 40 turistas europeos virtualmente prisioneros del Comité Cívico Potosinista.     Entre ellos se cuenta a 4 franceses que la organización cívica en rebeldía se niega en rotundo a liberar pese a los ruegos de la Embajada de París en La Paz que incluso mandó un helicóptero para rescatar, especialmente, a una apunada mujer con afecciones cardíacas y respiratorias.     La medida de fuerza sigue adelante pese a las advertencias de autoridades nacionales, en relación al daño que se le infiere a la incipiente industria del turismo receptivo local.     Además del Cerro Rico, explotado sin resuello desde el siglo XVI, cuando Potosí era una de las ciudades más pobladas del orbe, tanto como París o Londres, la Casa de la Moneda, la primera acuñadora en el Nuevo Mundo y piezas arquitectónicas como la Basílica de San Francisco, corren riesgo de perder la avidez de los visitantes persuadidos que esta ciudad, de calles angostas empedradas retenida en una burbuja de leyenda, se mantiene tan como hace tres o cuatro siglos.     Lo que podría disparar la tensión en Potosí es la anunciada toma, por parte de los inconformes, de las instalaciones de generación eléctrica para la mina San Cristóbal, la mayor a tajo abierto de plata y zing de Bolivia, que gerencia la japonesa Sumimoto en el estremo oeste de ese departamento en la frontera con Chile.     El Comité Cívico Potosinista demanda al gobierno boliviano carreteras, plantas de fundición de metales y entre otros cuatro puntos de un petitorio que el presidente Evo Morales se ha dicho dispuesto a cumplir y que de hecho está en vía de materialización, exige recursos y políticas para mantener en su estado natural la cúspide del Cerro Rico en riesgo de desplome.     También solución a un secular diferendo de límites en la frontera de Potosí con el vecino departamento de Oruro, donde el gobierno de Morales busca construir una fábrica de cemento cerca de un yacimiento de piedra caliza, principal insumo para la fabricación del fraguador.     La situación de crisis ha trascendido internacionalmente y Naciones Unidas ha denunciado la violación de derechos humanos en Potosí y los caminos que vinculan al departamento andino con el sur y sudeste bolivianos.      La Oficina en Bolivia del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) respaldó el miércoles el pedido del Defensor del Pueblo boliviano para que se consolide el diálogo en Potosí y advirtió que el bloqueo por más de 13 días causa graves y "masivas violaciones a los derechos humanos".     "El bloqueo y las otras medidas de protesta, que duran desde hace trece días (hasta el martes), están causando graves y masivas violaciones de los derechos humanos, de las que están siendo víctimas amplios sectores de la población potosina. En particular se han visto seriamente perjudicados el derecho a la libre movilización, a la salud, a la educación y a los derechos económicos y sociales de los grupos más vulnerables", dijo NNUU en una solicitada publicada en diarios bolivianos.     La OACNUDH formuló un llamado a las autoridades de la región, que lideran la protesta y a las organizaciones sociales participantes, para que restablezcan el libre tránsito de personas y bienes de primera necesidad.     "Aunque las reivindicaciones sean legítimas, es fundamental que se respete el estado de derecho y las instituciones democráticas para su promoción y su realización", remarca el escrito.     De otra parte, el jefe de bancada de la opositora Unidad Nacional, Jaime Navarro, pidió el miércoles la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la huelga de Potosí.     "Más allá de cualquier otro asunto, la Asamblea Legislativa debería proponer soluciones rápidas", dijo el diputado, al plantear que la sesión conjunta de diputados y senadores, prevista para el jueves, modifique su agenda y priorice el análisis de ese conflicto regional.     El Gobierno, desairado varias veces por el Comité Cívico Potosinista, en su inclaudicable intención de abrir una mesa de diálogo sin presiones, ha informado que la inversión pública en Potosí orilla en lo que va del año los 200 millones de dólares, entre cinco y seis veces más que en 2005.     Como ejemplo de la gestión gubernamental, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, anunció el miércoles que el primer aeropuerto turístico de Bolivia, que se construye en Uyuni, en el departamento de Potosí, será entregado a fin de año y aseguró que tiene un avance de más del 80%.     Por vía de su ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, la administración Morales reafirmó su decisión de no intervenir, menos por vía de la fuerza pública, el paro cívico y el corte de rutas en Potosí.      El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, y los ministros Llorenti y José Pimentel, de Minería este último, advirtieron sobre el trasfondo político del Comité Cívico Potosinista que bloquea sistemáticamente el diálogo con el Gobierno.     Luego de referir una maniobra que abortó el diálogo entre gobierno y el Comité Potosinista, Canelas identificó a algunos dirigentes políticos de partidos de oposición tales como, el ultraliberal Movimiento Nacionalista Revolucionario y el conservador Poder Democrático y Social, del ex presidente derechista Jorge Quiroga, ambos marginales en el contexto nacional.     También a la Alianza Social (AS), del alcalde de Potosí, René Joaquino, y a la populista Unión Cívica Solidaridad, una letanía en el sistema tradicional de partidos criollo, de haberse coludido para "provocar situaciones de confrontación sin pensar en los intereses del pueblo de Potosí".     Canelas identificó a Gonzalo Barrientos Alvarado, Amílcar Barral, Marco Antonio Villa y Guido Romay como operadores de la desestabilización del diálogo.     Señaló que Barral y Villa son "connotados" dirigentes de la opositora AS y encabezan una estrategia de conflicto bajo el epígrafe de defender los intereses potosinos.      "Han quedado totalmente identificados estos movimientos políticos que solamente buscan provocar problemas al Ejecutivo bajo el pretexto de defender al pueblo", anotó el portavoz.     La situación social erosionaba mientras un Consejo Consultivo de Potosí, decisor en la protesta que ha convertido a esa región en un quebradero de cabeza, deliberaba "más acciones" de presión al gobierno de Morales.