Juez ordena arresto domiciliario, arraigo y fianza de $us 50.000 para Nelson Vaca

Por Abi - Agencia -

Nelson Vaca Gutiérrez acusado de traficar madera y avasallar tierras fiscales en el Beni. - Abi Agencia

LA PAZ |

La juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, ordenó el miércoles detención domiciliaria, arraigo y finaza de 50.000 dólares para Nelson Vaca Gutiérrez, imputado por asentamiento ilegal, tala indiscriminada de madera, destrucción de bienes del Estado, deterioro irreparable del medio ambiente y sedición.

Estos ilícitos fueron cometidos por Vaca y un grupo de personas armadas, en toma ilegal de 1.700 hectáreas de tierra de la comunidad San Martín de Porres, hecho que fue denunciado por el Viceministerio de Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las 40 familias afectadas.

En su resolución de medidas cautelares que fijada a las 13.10 horas, la jueza Pérez dictaminó "medidas sustitutivas a la detención preventiva, determinando el arresto domiciliario en el domicilio señalado por el imputado".

Entre las medidas sustitutivas, la administradora de justicia dispuso la presentación periódica del investigado ante el juez, prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial, prohibición de concurrir a los lugares afectados, prohibición de comunicarse con los afectados, siempre que no se afecte su derecho de defensa.

Pérez fijó también una fianza económica de 50.000 dólares, aclarando que ese dinero será empleado para los gastos de recaptura en caso de fuga por parte del representante del Ministerio Público.

Dejó en claro que en ningún momento la fianza será parte del daño económico e irreparable que cometió el imputado.

Según el representante del Ministerio Público, Carlos Fiorilo, el latifundista y otros incurrió en graves delitos de acción pública como destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, delitos forestales, delitos en contra del medio ambiente y sedición por desconocer a la autoridad del Gobierno legalmente constituido, un acto de abierta hostilidad para deponer a algún funcionario público, impedir su posesión y oponerse a cumplir las leyes.