Tribunal de La Haya da la razón a Uruguay en litigio fronterizo con Argentina

LA HAYA |

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) considera que Uruguay no incumplió sus obligaciones de protección del medio ambiente en la construcción de una papelera en el fronterizo río Uruguay, como denunció Argentina.

El máximo tribunal de Naciones Unidas sólo ha aceptado las reclamaciones de tipo formal planteadas por Buenos Aires por la discutida planta industrial de Botnia, por lo que no establece compensaciones a favor de ese país.

En su fallo, el CIJ determina, por once votos a tres, que Uruguay no ha violado las obligaciones de protección del medio ambiente que establece el Estatuto del río Uruguay, según un acuerdo bilateral de 1975.

La Corte señala que los niveles de fósforo y otras sustancias vertidos por la planta de Botnia en el río son "insignificantes" en comparación con los que desembocan de otras industrias en el mismo caudal.

Por trece votos a uno, la corte de La Haya determina, en cambio, que Montevideo faltó a las obligaciones de información debida con Argentina sobre sus intenciones de construir la planta de Botnia en Fray Bentos, en la cuenca del río Uruguay, la frontera natural entre ambos países.

"No se puede considerar que Uruguay informará ajustadamente sobre los peligros que pudieran derivarse de la instalación de la planta" a Argentina, tal y como establece el artículo 7 del Estatuto del río Uruguay, apuntó el presidente en funciones de la CIJ, el juez Peter Tomka, en la lectura de la sentencia.

Por ello, el máximo tribunal de Naciones Unidas considera que no se puede considerar que hubiese consentimiento de Argentina en la autorización de la planta de celulosa.

El tribunal ha rechazado "por unanimidad" el resto de peticiones de las partes, como la compensación que pedía Argentina por los daños al medio ambiente y las repercusiones sobre el turismo y la agricultura.

La Corte considera que la declaración formal de la violación parcial del estatuto de 1975 "constituye una apropiada satisfacción".

Argentina y Uruguay pleitean ante la corte de La Haya desde 2006, como último recurso a un conflicto de vecindad que no ha conseguido solución por la vía de la negociación previa.