YPFB no anula el contrato y Santos exige su libertad

La defensa del ex presidente de YPFB solicitará la cesación de la detención preventiva, pues asegura que como el Ejecutivo no rescindió el contrato con el consorcio, no hay delito alguno. Aún no se decidió qué pasará con el convenio.

• CUANDO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN • Nardi Suxo se dirige a los periodistas luego de haber declarado ante la comisión de senadores que investigó el caso. Ocurrió el 4 de febrero. La defensa del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez solicitará la cesación de la detención preventiva que guarda la ex autoridad en San Pedro, con el argumento de que no hay daños al Estado, pues el contrato con el consorcio Catler-Uniservice no ha sido rescindido. Así lo explicó ayer a La Razón el abogado Víctor Borda, que defiende a Ramírez en el caso de corrupción en la estatal petrolera, que estalló en enero, tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y el robo de $us 450.000 que presuntamente estarían destinados a una coima. Según Borda, el Ministerio Público debería solicitar de oficio la cesación de la detención preventiva de Ramírez. “El propio Estado y el Ministerio Público, a través del proceso de investigación, han determinado que el señor Santos Ramírez no ha cometido los ilícitos (de los que se le acusa)”, sostuvo el abogado. Explicó que el primer delito del que se acusa al ex presidente de YPFB es la firma de contratos lesivos al Estado, por la suscripción del documento para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande. “Se le ha imputado, se le ha detenido. ¿Ha habido al menos alguna intencionalidad de YPFB o del Estado de rescindir el contrato? No, por lo tanto, no hay delito”. El abogado recordó que se había indicado que Catler-Uniservice era una sociedad “fantasma”, “que tenía el objetivo de obtener ventajas ilegítimas”. Reiteró que, no obstante esas acusaciones, el Estado no rescindió la relación contractual con el consorcio. El Ejecutivo aún analiza la continuidad del contrato, pues si se lo suspende, se corre el riesgo de perder el dinero que ya fue desembolsado para la fabricación de la maquinaria ($us 35 millones para una carta de garantía y $us 3,3 millones a Uniservice). La segunda acusación es por conducta antieconómica. “¿Se ha demostrado objetivamente que este contrato en este momento está causando daño económico al Estado? no es así, porque no lo han rescindido e inclusive Carlos Villegas ha solicitado que renueven la póliza”, puntualizó Borda. El miércoles, La Razón publicó la carta en que el actual presidente de YPFB solicitaba a la empresa que renueve la póliza de seguro que garantiza la correcta inversión de $us 1,65 millones desembolsados a Uniservice. Al respecto, ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, sostuvo que esto tenía que hacerse debido a que está en juego más de un millón de dólares relacionados al tema de seguros. Explicó que con este acto no se legaliza el contrato con Catler-Uniservice, y que actualmente está en evaluación, por parte de la comisión que se creó para identificar las irregularidades sucedidas en la estatal petrolera, en la gestión de Santos Ramírez. Otro de los argumentos de Víctor Borda es que se había dicho que la empresa subcontratista (la estadounidense Gulsby) no estaba construyendo los tubos expander. “Pero una comisión integrada por el ministro Arce ha viajado a EEUU y Argentina, y ha verificado que efectivamente se está realizando la construcción de la planta”. Pese a que el viaje de la comisión fue durante la segunda semana de febrero, el Gobierno aún no dio datos al respecto. APUNTES Contrato • El 14 de junio del 2008, en la gestión de Santos Ramírez, YPFB firmó un contrato con Catler-Uniservice para la provisión e instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz), por 86,3 millones de dólares. Cuestionamiento • Ayer, la ministra Nardi Suxo sostuvo que Catler, una de las socias del consorcio, no existe. “Es una empresa que la han creado específicamente para aparecer como socia de Uniservice para adjudicarse el contrato”.