Un vacío legal desata una crisis en Santa Cruz

En un acto público. Rubén Costas, en un encuentro con representantes indígenas. Fue el pasado 4 de mayo.

La Gobernación de Santa Cruz enfrenta una crisis. Ya suman dos casos, uno en la provincia Guarayos y otro en Cordillera, en los que los indígenas desconocieron a los subgobernadores designados por el gobernador Rubén Costas y eligieron a otro por usos y costumbres. 

El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), Lázaro Tacó, informó que no retrocederán en la elección de los dos subgobernadores, porque, en su opinión, está amparada en la Constitución Política del Estado, aunque admitió que no hay una disposición específica que autorice esa elección.

La Constitución, no obstante, no define la elección de estas autoridades por el mecanismo de usos y costumbres. Desde la Gobernación, el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, calificó de ilegal la decisión de los indígenas de Guarayos y anunció que ratificaron a la autoridad designada para esa región del departamento.

Costas designó a Wálter Rodríguez como subgobernador en Guarayos y a Richard Pitico Moreno, en Cordillera. Estas designaciones provocaron malestar en los sectores indígenas, porque —informó Tacó— no se reconoció a las autoridades que eligieron; Horacio Rojas en la primera región y Nelly Romero en la segunda.

“El Gobernador criticó al MAS por las designaciones a dedo y ahora comete el mismo error en las provincias cruceñas”, cuestionó el representante indígena.

El dirigente de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, Severiano Aracay, conminó a las autoridades de la Gobernación a posesionar a Rojas como subgobernador, porque, caso contrario, “el pueblo de la provincia Guarayos se movilizará”.

La designación y la elección por usos y costumbres no están previstas en la Ley Marco de Autonomías. El Estatuto Autonómico cruceño, que debe ser puesto en marcha una vez adecuado a la legislación vigente y previa validación ciudadana, prevé la elección por voto del subgobernador.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, respaldó la iniciativa de los indígenas de Santa Cruz.

“Acá falta comprender el concepto de descolonización, y el señor Costas tiene una mente colonizadora y no conoce los derechos de las naciones indígenas. Si no reconoce estos mecanismos de elección, ahí se impone una política neoliberal y desconoce este proceso de transformación”, criticó.

Peña aseguró que los dirigentes indígenas no representan al conjunto del pueblo guarayo. “Esta pseudodirigencia responde al MAS y no representa a todo el pueblo guarayo”, insistió la autoridad. Este medio, pese a la insistencia, no logró que Peña u otra autoridad de la Gobernación responda sobre lo que sucedió en Cordillera.

El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Amencio Vaca, aseguró que no retrocederán en la decisión tomada sobre Romero, y que si la Gobernación cruceña no avala a sus autoridades, asumirán medidas de presión.

Moreno fue designado en reemplazo de Silvia Terceros, integrante del partido de Costas y subgobernadora de Cordillera, desde hace dos años. A diferencia de lo que ocurre en Santa Cruz, en Beni y Tarija se eligieron por voto a los autoridades de las diferentes provincias. 

Posiciones de ambos sectores

Gobernación
El secretario de Gobierno, Vladimir Peña, afirmó que la designación de autoridades mediante usos y costumbres es “ilegal” y agregó que en la designación de Horacio Rojas “sólo hubo 30 personas afines al MAS”. Denunció que la persona nombrada no es indígena. 

Indígenas
La vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Edith Cuarto, denunció que la Gobernación está “violando” la Constitución Política del Estado al no reconocer la elección de autoridades mediante usos y cos-
tumbres. 

Opositores reclaman por Pinto

Cinco senadores opositores se vistieron con ropa de presidiarios y se trasladaron, desde la Asamblea Legislativa hasta el Defensor del Pueblo, para reclamar por un pronunciamiento sobre el senador Róger Pinto, quien guarda detención domiciliaria por orden judicial emitida en el juicio que se le sigue por irregularidades durante su gestión como prefecto.

Germán Antelo, Bernard Gutiérrez, Centa Reck, Jeanine Áñez y Carmen González recorrieron al menos ocho cuadras para llegar hasta las oficinas del defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien no los recibió porque —se informó— está fuera del país, cumpliendo compromisos oficiales.

González consideró que es ilegal la detención domiciliaria del senador Pinto, procesado por la venta de predios durante su gestión de prefecto (1999).

Añadió que en este caso se vulneró el artículo 152 de la Constitución Política del Estado, que refiere que a los asambleístas, en los procesos penales, no se les aplicará la detención preventiva. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, cuestionó la iniciativa de los senadores y afirmó que el caso está en la justicia.

“Creo que la oposición tiene una fuerte desubicación política y una ausencia ideológica”, afirmó. La senadora Áñez informó que también pedirán un pronunciamiento a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.