Achá advierte con proceso penal a Monasterio si no prueba acusaciones contra YPFB

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, advirtió al diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, con un proceso penal si es que no prueba sus denuncias contra funcionarios de la estatal petrolera, ya que no sería la primera vez que por "obtener atención mediática” haga ese tipo de acusaciones.

"Nos encontramos aguardando que el diputado opositor realice de manera oficial la denuncia que según índico efectuaría ante las instancias judiciales respectivas….”, señaló Achá, según cita la nota de prensa de la estatal petrolera.

El diputado Monasterio denunció el martes que YPFB adjudicó un contrato de la Planta de Amoniaco y Urea a la empresa Proplant, pese a que esta compañía tenía el segundo precio más alto, no presentó el balance financiero ni las boletas de garantía, como establecían las normas básicas de contratación.

El 5 de enero, la estatal petrolera lanzó una convocatoria para la contratación de una empresa internacional especializada en operación y mantenimiento para la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo.

Achá indicó que una vez procesada la denuncia y previo cumplimiento de los actuados judiciales, YPFB iniciará la defensa y las acciones judiciales que correspondan, "tomando en cuenta que las acusaciones vertidas por el diputado opositor se originan sin tener conocimiento de la normativa aplicable que rigen en los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la Estatal Petrolera”.

"Tomando en cuenta, que el diputado opositor no es la primera vez que realiza esta clase de acusaciones y afirmaciones en contra de la Estatal Petrolera, sin contar con un sustento normativo y respaldos obtenidos de manera legal (…), YPFB no permitirá que se emitan este tipo de acusaciones y afirmaciones, por lo que el diputado opositor, en caso de que ‘no demuestre la carga de prueba’, deberá responder ante las instancias judiciales por una segunda vez”, señala Achá en el comunicado.

Para YPFB, en la acusación de Monasterio se puede inferir que trata de obtener atención mediática a través de los distintos medios de comunicación, "desprestigiando y dañando la imagen de la Estatal Petrolera, actuando de manera contraria al deber y obligación de trabajar con honestidad, veracidad y transparencia en uso de su atribución de fiscalización”.