Gobierno crea fideicomisos millonarios libres de control

Propuesta de lucha contra la corrupción - Reformar el Decreto 29.190 para adecuarlo a la Ley Safco. - Abrogar los decretos 29.287, 29.506, 29.576 y todos los decretos que otorgan privilegios especiales y que no se adecúan a la Ley Safco. - Inscribir todos los ingresos y gastos, incluidos los fideicomisos, en el Presupuesto General de la Nación para que sean fiscalizados por el SIGMA. - Incluir los presupuestos de todas las empresas públicas en el Presupuesto General de la Nación para que sean fiscalizados por el SIGMA. - Designar de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes a los presidentes ejecutivos y directores de las entidades y empresas públicas como ser la Contraloría General de la República, el Banco Central, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Administradora Boliviana de Carreteras, para citar algunas. - Dejar de usar el procedimiento de vencimiento constitucional en la aprobación del Presupuesto General de la Nación, y permitir que éste sea tratado en las dos Cámaras del Congreso. - Desarrollar legislación que norme con mayor grado de detalle el proceso de contrataciones públicas.

El Gobierno al crear fideicomisos millonarios libres de control comete los mismos errores del pasado, además de pretender suplir a las empresas privadas con las estatales, incurre en hechos de corrupción, como el registrado recientemente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que demuestra que el Estado es un mal administrador.

El criterio anterior fue expresado por el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, al opinar sobre las denuncias que hizo el senador Óscar Ortíz respecto a los decretos emitidos por el gobierno del presidente Evo Morales y sus ministros, medidas que viabilizan la corrupción en las empresas estatales.

Un informe del Senado Nacional, en sus conclusiones, establece que el actual partido en función de Gobierno, realiza un trabajo sistemático de destrucción de la institucionalidad del Estado, copando las entidades públicas con militantes masistas sin ninguna calificación técnica para ocupar dichos cargos.

Asimismo, se ha dado a la tarea de buscar y aplicar mecanismos de evasión a la fiscalización y el control que los organismos del Estado deben ejercer, cuando se trata de la utilización y destino de recursos públicos. Esto sumado a la sistemática violación de la Ley Safco y a la creación de mecanismos que permitan la libre y fácil utilización de los recursos públicos.

El actual Gobierno, a través de decretos supremos, crea más de 14 mil millones de bolivianos de fideicomisos con privilegios especiales para que sean utilizados por las empresas estatales y ministerios, algo similar a los gastos reservados.