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A la espera de una confirmación de audiencia de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca se reunirán mañana en la capital cruceña a tiempo de analizar la coyuntura política.
Así mismo, instan al Congreso a que se trabaje sobre la Ley transitoria electoral, puesto que en diciembre se tendrá una nueva Asamblea Plurinacional y aún existen las denuncias sobre irregularidades en el padrón electoral.
De acuerdo al Jefe de Gabinete Prefectural, Luis Alpire, aún no existe la confirmación de las instituciones de justicia y mientras tanto adelantarán su tiempo para ratificar una audiencia y así reunirse este viernes.
“Creemos que el Congreso debe encarar la Ley Transitoria Electoral, se debe reflejar una adecuada distribución de escaños, para departamentos como el nuestro que ha sido burlado, así también la posibilidad de renovar ese padrón que está contaminado con reiteradas denuncias”, enfatizó Alpire.
En la medida que se confirmen las audiencias, la reunión del viernes será un buena oportunidad para que se pleguen todos los comités cívicos y la sociedad civil, afirmó el jefe de Gabinete, resaltando que dicha reunión será una posibilidad para generar un pacto social entre el Gobierno y su oposición.
“La visita a Sucre será el primer peldaño y luego en conjunto todos se trasladarán hacia La Paz para visitar a un gobernador detenido ilegalmente. La reunión no significa cerrar las puertas a los cívicos, siempre fueron abiertas, para que los que quieran sumarse a esta cruzada por un pacto social se acoplen”, enfatizó Alpire.
Así mismo, resaltó que otro de los factores importantes será que el padrón esté enmarcado en una revisión exhaustiva así como también el registro civil, ese debe ser el eslabón principal donde el Gobierno debe enmarcarse porque de lo contrario sería ingresar en el plano para tapar los hechos de corrupción.
“Se hará el análisis de la coyuntura y las detenciones ilegales que raya de lo ilegal e irracional, así también un análisis de la ley electoral pero que no se lo hace por emborrachar la perdiz”, puntualizó el jefe de gabinete. Para el analista constitucionalista, José Antonio de Chazal, se debe asistir al nuevo encuentro puesto que muchos criticaron que era para la foto, pero tiene que organizarse.
Rolando Aguilera, secretario general del Gobierno departamental de Santa Cruz, resaltó que la autoridad cruceña, Rubén Costas en compañía de las otras regiones, tienen programado para este viernes un encuentro, en primera instancia es una reunión enmarcada en la agenda dentro de la audiencia solicitada al Fiscal y a la Corte, y posteriormente la visita a su par Leopoldo Fernández.
Cossío ratifica que quiere dialogar
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, ratificó ayer su intención de reunirse con el Gobierno de Evo Morales para aplicar las autonomías en el país en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado, pero después del encuentro departamental previsto para la primera semana de marzo.
“Seguimos en pie, en caso de Tarija dijimos sí al diálogo, pero previo nuestro encuentro que va en buen camino, porque estamos invitando a otras instituciones (más de Tarija) para el encuentro que está ratificado para el 4 a 6 de marzo”, dijo Cossío.
Mientras, el portavoz de la Presidencia de la República, Iván Canelas, dijo que el Gobierno sigue rogando a las autoridades de la oposición para dialogar con el fin de aplicar las autonomías y que los prefectos contrarios al Ejecutivo no aceptan, al poner una serie de condiciones sistemáticas, y que sólo buscan enfrentamientos.
Involucran a Suárez en nuevo caso de presunta corrupción
El prefecto del Beni, Ernesto Suárez Satori, y otros cuatro funcionarios públicos, presuntamente habrían provocado un daño económico al Estado de 6.704.353 bolivianos en la compra de motores generadores de energía eléctrica en desuso, denunció este miércoles Nardi Suxo, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Para la oposición esta es una de las excusas que usa el Gobierno en contra de las autoridades que lucharon por las autonomías departamentales y que manejan una política opositora al MAS.
La autoridad gubernamental, en conferencia de prensa realizada en La Paz, dijo que junto al prefecto beniano están involucrados los servidores públicos Clemente Cárdenas Sanjinez (secretario general), José Humberto Pinedo Fernández (Director de Inversión Pública), Ovidio Aponte Ávila (Jefe de Licitaciones) y Rafael Saavedra Arteaga (Director Jurídico).
Estas personas “habrían adquirido motores de energía eléctrica en desuso, las que las habrían repintado y que incluso encima de la etiqueta original habrían puesto otra, es decir, la primera marca (original) era de una empresa china y la pusieron otra de una compañía americana”, manifestó.
Indicó que las comunidades benianas afectadas sobre este hecho son San Lorenzo, Esperanza, San Pedro, San Miguel, Puerto Bolívar y San Francisco. "En cumplimiento de la nueva Constitución este caso ya no es de la Corte, sino es ya un caso ordinario". |
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