Odios y elogios a política de "mano dura" de Uribe tras crimen de gobernador

Policías prestan guardia de honor durante el sepelio del gobernador del departamento colombiano del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, durante su sepelio hoy, miércoles 23 de diciembre de 2009, en Florencia (Colombia). - Efe Agencia

BOGOTÁ |

El crimen del gobernador colombiano Luis Francisco Cuéllar, secuestrado y asesinado presuntamente por las FARC, lleva hoy a analistas y políticos a replantearse la eficacia de la política de "mano dura" del presidente Álvaro Uribe, que suscita odios y elogios al mismo tiempo.

De un lado están los que, como el analista Vicente Torrijos, creen que esa política, lejos de modificarse, debe "consolidarse" y de otros influyentes diarios nacionales como El Tiempo, que en su editorial de hoy habla de la necesidad de "ajustes" en la estrategia de lucha contra las guerrillas defendida por el Gobierno.

La llamada política de "seguridad democrática", insignia del Gobierno de Uribe y que aboga por combatir militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "debe seguir su rumbo", dijo a Efe Torrijos al argumentar que ha tenido "éxito" pese a no estar exenta de "altibajos".

Ese éxito se refleja en que las FARC no muestran, a juicio de Torrijos, tres signos que son clave para hablar de su eventual reactivación: control territorial, apoyo popular y traducción de sus golpes de fuerza en capital político.

La "mano dura" de Uribe parte de la base de que hay una "amenaza" real de las FARC, que en estos momentos obtienen "todo su poder del exterior, de los auxilios de la alianza bolivariana" que conforman varios países encabezados por Venezuela, sostuvo Torrijos.

Sin embargo, según el diario El Tiempo, el Gobierno tiene que "arrancar el 2010 con estrategias frescas y aprendizajes necesarios para reafirmar lo ganado y recuperar el ritmo".

"El desafío inmediato es impedir, con reacción rápida e inteligencia, el retorno de epidemias como los secuestros a políticos, que el país creía superadas", reflexiona el periódico en su editorial de hoy.

Cuéllar, gobernador del selvático departamento del Caquetá (sur), se convirtió el lunes por la noche en el primer político de alto nivel secuestrado desde que Uribe llegó al poder en agosto de 2002.

Esa noche fue secuestrado en Florencia, capital del Caquetá, por varios hombres vestidos con prendas militares que irrumpieron en su domicilio tras haber arrojado una granada contra la puerta.

El cuerpo de Cuéllar fue encontrado degollado el martes, día en que cumplía 69 años, en un paraje de la zona rural de Florencia.

Aunque ningún grupo ha asumido la autoría del secuestro y posterior asesinato de Cuéllar, Uribe se lo atribuye a miembros de la columna "Teófilo Forero" de las FARC.

Horas antes del hallazgo del cadáver, Uribe había ordenado su rescate militar y el de todos los secuestrados por las FARC, que retienen entre otros a 24 uniformados con la finalidad de canjearlos por medio millar de insurgentes presos.

Ese llamado a un rescate militar preocupa sobre todo a los familiares de dos militares, incluidos en esa lista de "canjeables", a quienes las FARC prometieron liberar hace varios meses.

Precisamente este lunes se cumplieron doce años del secuestro de uno de esos dos rehenes, Pablo Emilio Moncayo, y su padre, el profesor Gustavo Moncayo, le dijo ayer a Efe que el Gobierno debe buscar una salida "política" al drama de los secuestrados.

El presidente Uribe "no puede aminorarse, todo lo contrario (...) tiene que actuar como siempre, con vehemencia, con mucho carácter (...) tiene que imponer el orden en el país de la mano de la fuerza pública", subrayó hoy, por su lado, el gobernador del departamento del Tolima, Óscar Barreto.

"Tenemos que fortalecer estos procesos de seguridad democrática para podernos defender", comentó en la misma línea el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal.

Otros creen que esa política de seguridad democrática ha entrado en crisis por la reactivación de las guerrillas y el surgimiento de grupos de "neoparamilitares".

Así lo afirmó en un reciente informe la ONG Corporación Nuevo Arco Iris, que alertó de que las FARC han incrementado durante este año sus acciones contra civiles y las Fuerzas Armadas, e incluso han regresado a centros urbanos de importancia en el departamento del Cauca (suroeste).