Oposición rechaza ley que permite al Gobierno nombrar altos Magistrados

El diputado oficialista Javier Zabaleta, en declaraciones a la prensa. - Abi Agencia

LA PAZ |

El partido del presidente Evo Morales aprobó en la Cámara de Diputados una ley que le faculta a nombrar interinamente hasta a veinte magistrados del poder Judicial, norma que rechazaron hoy los legisladores de la oposición.

El gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizó su mayoría de 89 diputados, de un total de 130, para aprobar la noche del martes la polémica norma que en las próximas horas debe pasar a consideración del Senado, dominado también por el oficialismo.

El diputado oficialista Javier Zabaleta explicó hoy a los medios que la norma permitirá un "interinato de diez meses" con autoridades judiciales designadas por Morales, en tanto se alista la elección en las urnas de nuevos magistrados que debe celebrarse el 5 de diciembre, según recoge la nueva Constitución del país.

Con la norma, el gobernante puede designar en concreto a seis miembros de la Corte Suprema, a cinco titulares e igual número de suplentes en el Tribunal Constitucional y a cuatro miembros del Consejo de la Judicatura para llenar las vacantes existentes.

La mayoría de las bajas existentes ha sido una consecuencia de las sucesivas renuncias de magistrados producidas ante acusaciones y demandas presentadas por el partido y el Gobierno de Morales.

La peor situación es la del Tribunal Constitucional que cesó sus funciones el 26 de mayo del 2009 con la dimisión de su última magistrada, en tanto que en el Consejo de la Judicatura queda un juez de cinco y en la Suprema hay seis vacantes en doce puestos.

Según la prensa local, esta crisis ha provocado que existan 5.640 demandas paralizadas en el Constitucional, otras 5.000 en la Suprema y mil procesos pendientes de análisis en el Consejo de Judicatura.

Zabaleta negó que los nuevos magistrados se conviertan en aliados del Gobierno para enfrentarse a la oposición y dijo que en realidad solo deben preocuparse quienes sean "delincuentes" porque contra ellos se exigirá una correcta administración de justicia.

De su parte, el diputado opositor Alejandro Zapata, portavoz del Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), dijo que la norma "viola la independencia de poderes" que consagra la Constitución Política del Estado promulgada por Morales en 2009.

Zapata dijo a Efe que planteará al grupo parlamentario de esa fuerza, que tiene 36 diputados y diez senadores, que se analice la posibilidad de una renuncia colectiva porque su presencia no tiene sentido en la Asamblea Legislativa, si el MAS mantiene esa conducta de "atentar contra la Constitución".

El senador Roger Pinto, de la misma fuerza, señaló a Efe que con esa norma el Gobierno "está tomando la justicia" y cualquier persona puede plantear luego demandas contra los nuevos miembros del Poder Judicial porque su designación será considerada inconstitucional.

"No se puede violar la Constitución, no se puede crear facultades expresas para alguna autoridad con una ley. Si se consuma será un acto más de abuso del Gobierno de Evo Morales", dijo Pinto.

A juicio del senador, es necesario plantearse "qué posibilidades tiene el Congreso de seguir funcionando si hoy día la justicia está en manos del Ejecutivo, como instrumento de apoyo a las decisiones del presidente".