Santos Ramírez a la cárcel de San Pedro por corrupción

Santos Ramírez tendrá que defenderse desde la prisión ante evidencias en su contra por corrupción pública.

• Estado boliviano no podrá recuperar 35 millones de dólares, parte del fideicomiso, peor aún los 3.3 millones de dólares que ya cobró Catler Uniservice, según la Fiscalía.

El destituido presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, guardará detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, por determinación de la jueza Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, ante el riesgo de que pueda ejercer presión sobre otros involucrados en el caso de corrupción pública investigado.

La autoridad judicial consideró que el imputado por varios delitos deberá defenderse desde la prisión, porque existe riesgo de que entorpezca la averiguación de la verdad, en el marco de una audiencia de medidas cautelares.

La resolución surgió luego de que la Fiscalía de Distrito presentó la imputación formal en contra el ex titular de la petrolera estatal por la comisión de varios delitos como, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes formales, cohecho pasivo y asociación delictuosa, contratos lesivos al Estado, reflejados en un contrato entre YPFB y el consorcio accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.

El fiscal Edward Mollinedo, a tiempo de sustentar los alegatos, dijo que Santos Ramírez habría autorizado el desembolso de los 450 mil dólares que fueron atracados el 27 de enero. Afirmó, además, que no se podrá recuperar los 35 millones de dólares destinados a la carta de crédito y parte del fideicomiso para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande.

Asimismo, expresó su preocupación porque tampoco se llegaría a demandar la devolución de los 3.3 millones de dólares que ya cobró Catler Uniservice.

Por otra parte, el actual presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, denunció otro caso de presunta corrupción que involucra esta vez a la empresa SIPSA, pero dijo que dará más detalles una vez que se concluya una investigación.

“No vamos a permitir corrupción, no vamos a permitir irregularidades y anomalías de tal manera que esos hechos están atentando seriamente a la vida institucional de YPFB”, aseveró.

Entre tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Carlos D’Arlach, pidió la inmediata derogación del Decreto Supremo 29506, porque autoriza contrataciones directas en YPFB, además de que abre las puertas al chantaje y permite realizar adjudicaciones sin límite de montos por la ejecución de un determinado proyecto petrolero.