El Canciller se abre a mejoras en el preacuerdo Silala

Los potosinos tienen varias observaciones al documento. Los congresistas de la oposición también lo cuestionan y aseguran que no lo aprobarán en el Legislativo. El Gobierno dice que la consulta es para escuchar las posiciones.

• LA EXPLICACIÓN • El canciller David Choquehuanca defiende el acuerdo al que se llegó con Chile para solucionar el conflicto de las aguas del Silala. Fue ayer, en una conferencia. Las observaciones al acuerdo preliminar entre Bolivia y Chile para solucionar el conflicto de las aguas del Silala van en aumento. Varios congresistas adelantaron que no aprobarán ese pacto y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) encontró varios defectos en el documento inicial. El Gobierno defendió el pacto, aunque anunció su apertura para mejorar el acuerdo si las organizaciones hacen llegar sus observaciones y planteamientos. El Comité Cívico Potosinista, que aglutina a 54 instituciones, observó tres aspectos. “Son importantes observaciones, como el hecho de que no se contemple el pago retroactivo de la deuda histórica, además que se esté admitiendo que a Bolivia sólo le estaría correspondiendo un porcentaje de las aguas, esto está causando malestar, y que Chile cancele sólo el 50 por ciento de manera inicial (por el uso del recurso)”, señaló el presidente de Comcipo, Celestino Condori. Los congresistas se sumaron a las críticas. “Estamos pidiendo que se hagan ajustes a este convenio, porque hay reverendas contradicciones”, dijo el diputado Willman Cardozo (Podemos). El canciller David Choquehuanca, que el lunes presentó el preacuerdo oficial a los pobladores de Quetena, donde están las aguas del Silala, respondió que “si esas organizaciones tienen (críticas) sí se puede mejorar (el preacuerdo)”. Dijo que para ello es la consulta, “porque sino ya hubiésemos firmado”. El documento fue elaborado por los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, para solucionar un conflicto histórico en el que Bolivia reclama la propiedad plena de las aguas del Silala y Chile la tesis de que se trata de aguas compartidas. El preacuerdo establece que los chilenos pagarán por el 50% de las aguas que utilizan y que un estudio determinará el resto. Cardozo aseguró que en realidad ni siquiera se reconoce la propiedad de ese 50% de las aguas en favor de Bolivia, “porque el acuerdo establece (en el artículo 4) que las partes se comprometen a mantener las condiciones actuales de caudal y calidad de agua que fluye a través de la frontera...En realidad, Bolivia no va a poder hacer uso de esa agua, porque no puede afectar el caudal que llega a Chile”, aseveró. Otra observación que hizo es la fijación del precio. “Tenemos que poner como parámetro el precio de la Región II de Chile”, dijo. Por ello reclamó que antes de firmar ese acuerdo se realice una consulta nacional. La diputada Marisol Abán (MNR) advirtió que “este preacuerdo no pasa si no es por el Congreso” y anunció que “de seguro nos vamos a desgarrar las vestiduras y vamos a desenmascarar a este Gobierno, que no es otra cosa que un vendepatria”. Ante esas observaciones, Choquehuanca recordó que el Gobierno se encuentra en un proceso de negociación. “Si nosotros vamos a mantenernos en decir 100 por ciento, Chile no va a pagarnos. ¿Cómo vamos a obligar nosotros? Necesitamos sentarnos, estamos en tiempos de diálogo. Una firma se hace entre dos personas, no es uno solo, no podemos nosotros imponer nuestros caprichos, además necesitamos tener información científica, comprobada”, dijo. El presidente del Senado, Óscar Ortiz, anunció que solicitará un informe al Canciller. Denuncian traición a la patria Líderes opositores señalaron que las autoridades de la Cancillería estarían cometiendo el delito de traición a la patria si firman el pacto al que llegaron con Chile sobre las aguas del Silala. El diputado Fernando Barrientos (Podemos) advirtió que “puede haber la tipificación, de acuerdo a lo que podemos ver en el contenido de convenios, del delito de traición a la patria e incumplimiento de deberes, porque la Constitución dice que los recursos naturales son de propiedad del Estado boliviano, y para que se los entregue a alguien debe haber una ley hecha en el Congreso. No puede el Canciller, a nombre de este Gobierno, entregar las aguas”, dijo. Según el diputado Willman Cardozo, si ese pacto no se adecúa a la Constitución “se les puede acusar de traición a la patria”. El concejal de El Alto Roberto de la Cruz anunció el inicio de un juicio contra las autoridades de la Cancillería por este hecho. El canciller David Choquehuanca respondió que “son traidores a la patria los que permiten que Chile, todos los días, se siga llevando (las aguas)”. Canciller acusa a los medios El canciller David Choquehuanca acusó ayer a los medios de comunicación de desinformar sobre el preacuerdo al que se llegó con Chile para solucionar el conflicto de las aguas del Silala. “Nos preocupan los titulares que publican los medios de comunicación, esto puede confundir a la población. Ayer (lunes) los hermanos en Quetena decían: estos medios de comunicación ya no están jugando el rol de difusión, sino que están jugando un rol de confusión, y tenían razón estos hermanos en Quetena”, señaló. Choquehuanca cuestionó que los medios de comunicación hubieran difundido la noticia de que la deuda histórica no esté incorporada en el preacuerdo y que en el pacto sólo se reconozca “inicialmente” la propiedad boliviana del 50% de esas aguas. “En ningún momento en el acuerdo estamos nosotros hablando de que vamos a renunciar a la deuda histórica...no hay una sola palabra que se refiera a la propiedad. ¿De dónde sacan los medios de comunicación?”, dijo. La reunión Ortiz • El Canciller dijo que para la presentación y consulta en Quetena Chico se invitó a autoridades nacionales, como el presidente del Senado, Óscar Ortiz, quien no asistió. Comcipo • Dijo que los líderes cívicos no tenían argumentos para no asistir a esa reunión, porque la Prefectura de Potosí “les facilitó dos vehículos, al igual que a los comunarios”.