El Senado negocia el caso YPFB y salva al Presidente

Los opositores lograron que se recomiende a la Fiscalía la investigación a Carlos Villegas, Saúl Ávalos, Luis Arce y al Súper de Hidrocarburos. El oficialismo consiguió que el Presidente esté libre de responsabilidad en el caso de la estatal.

• UNA DECLARACIÓN EN LA COMISIÓN • Wálter Guiteras (izq.) atiende a la explicación de los miembros del directorio del Banco Unión, que ayer se presentaron ante los senadores. Los senadores oficialistas y opositores de la comisión que investiga las irregularidades en la firma del contrato y manejo de los fondos para la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande, negociaron el informe, en el que el presidente Evo Morales fue librado de las responsabilidades que establece el documento aprobado ayer por el pleno de la Cámara Alta. En la negociación, la oposición logró que, además de responsabilizar a Santos Ramírez (ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB) y sus colaboradores por las anomalías detectadas, se incluya en la investigación a los ex ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas y Saúl Ávalos, al titular de Hacienda, Luis Arce, al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y al directorio de la empresa estatal. Así, la comisión recomendó al Ministerio Público que estas personas sean investigadas por incumplimiento de deberes y posibles daños al Estado. Mientras, los oficialistas consiguieron sacar del informe el nombre del Mandatario, quien inicialmente fue vinculado en el caso por haber firmado los decretos que, según la oposición, permitieron los actos de corrupción que se dieron en la estatal petrolera, en la gestión de Ramírez. Ayer, el presidente de la comisión, Wálter Guiteras (Podemos), afirmó que se vio en detalle toda la mecánica del Consejo Nacional de Políticas Económicas (Conapes), donde se presentan los decretos, y del gabinete de ministros, donde se los aprueba. Según el legislador, por este análisis, se decidió no incorporar al Primer Mandatario en el informe. “El Presidente no participa de los Conapes y en el gabinete son los ministros los que solicitan y el Presidente sólo administra... Hemos hecho un gran debate en los posibles relacionamientos del Presidente y hemos encontrado que por cómo se desarrollan el Conape y los gabinetes, el Presidente aparentemente no está contaminado”, sostuvo Guiteras. Un día antes, el senador había afirmado que se pediría la salida de Villegas, Arce y Aruquipa. Y en el caso del Jefe de Estado, se preguntó: “¿Cómo no va a tener responsabilidades el propio Presidente de la República?”. Inicialmente, el oficialismo pretendía pedir que se invalide el contrato con la empresa Catler-Uniservice, encargada de la obra, por las irregularidades identificadas. Sin embargo, esta opción fue descartada, pues se consideró que la obra está corriendo y cortarla significaría un daño económico y perjuicio para el país. Frente a los hechos, el documento también recomienda la aprobación de una Ley de Lucha contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito y la Investigación de Fortunas, tal y como lo venía pidiendo el Gobierno. El informe propone que se dé curso a la designación de autoridades titulares en las instituciones del Estado y que se tomen las medidas necesarias para impedir daños al Estado. Además, se recomienda jerarquizar el directorio de YPFB y que sea conformado por ministros de Estado, que puedan establecer y ejercer el control en el ámbito de las políticas de hidrocarburos. En la comisión están Guiteras, Antonio Peredo y Ricardo Díaz, del MAS, José Villavicencio (UN) y Fernando Romero (MNR). Recomendaciones Decretos • La comisión también recomienda una revisión a profundidad de las disposiciones tomadas por el Órgano Ejecutivo, relacionadas con la contratación directa, de modo que este procedimiento esté sometido a controles. Fideicomiso • Plantea la aplicación de normas de registro, control y fiscalización de los fideicomisos vigentes. Sugiere que en el futuro se estudie la creación de cualquier fondo que pudiera dar lugar a irregularidades que dañen al Estado.