Tribunal Supremo garantizó continuidad del juicio por Octubre Negro

Por Efe - Agencia -

Marcha en apoyo a los familiares caídos en la masacre de octubre de 2003, en la ciudad deLa Paz. | Foto Archivo. - Abi Agencia

LA PAZ |

La audiencia para tomar declaración a cerca de 200 testigos de la represión militar que provocó en Bolivia más de 60 muertes en 2003 comenzó hoy en la Corte Suprema de Justicia, informó la defensa de las víctimas del hecho, conocido como "octubre negro".

El abogado Rogelio Mayta explicó a Efe que el juicio ingresó en la fase de testificación y presentación de pruebas de cargo, después de que en los pasados días prestaran sus declaraciones las autoridades acusadas por la represión que permanecen en el país.

El proceso se realiza en la ciudad sureña de Sucre, sede del Poder Judicial.

"Estimamos que en todo el desarrollo del proceso ejecutivo de cargo tendremos algo más de 200 testigos de la represión militar que van a ayudar a establecer la responsabilidad de los acusados", dijo.

En octubre de 2003, sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas, realizaron protestas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) fue acusado de genocidio, al igual que 16 ex autoridades, entre ministros y miembros del entonces alto mando militar.

Sánchez de Lozada renunció al cargo y está en EE.UU. desde octubre de 2003, junto a tres de sus ex ministros; en tanto que otros tres ex funcionarios del mismo gabinete están asilados en Perú hace cuatro meses y se desconoce la ubicación actual de tres ex autoridades más.

La toma de declaraciones a los testigos se produce después de que la defensa advirtiera el martes de la posibilidad de una parálisis del proceso por una posible falta de quórum en el Tribunal de Sentencia donde cursa el caso.

Sin embargo, el tribunal supremo garantizó hoy la continuidad del juicio con los miembros que tenga en cumplimiento de las normas.

Al respecto, Mayta indicó que esta acción da a la defensa de las víctimas "la seguridad de poder continuar con el desarrollo del proceso", si bien el abogado consideró que las personas imputadas pueden impugnar esa decisión del tribunal.