El caso YPFB toca al ministro Arce y al prefecto Aguilar

Wálter Guiteras, presidente de la comisión del Senado que fiscaliza el caso, dijo ayer que el contrato fue protocolizado en la notaría de Oruro y no en La Paz, como correspondía, pues en esta urbe está el domicilio legal de la estatal.

• EL MINISTRO EN LA COMISIÓN • Luis Alberto Arce (segundo a la der.) brinda un informe a los senadores que investigan el caso de corrupción en Yacimientos. Ocurrió el 10 de febrero. La comisión especial del Senado que fiscaliza los hechos de corrupción ocurridos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), decidió ampliar la investigación al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, y al prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, por sospechas de irregularidades en la firma del contrato del fideicomiso, en el caso Catler-Uniservice. La información la dio ayer el presidente de la comisión, Wálter Guiteras, en una conferencia de prensa. El senador indicó que la protocolización del contrato entre el Ministerio de Economía (entonces Hacienda) y el Banco Unión, para la administración de los recursos del fideicomiso destinados a la provisión e instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), se la hizo en la Notaría de Gobierno de Oruro, cuando esto debía hacerse en La Paz, donde está el domicilio legal de la cartera de Estado y de YPFB. “Fueron todos los personeros a Oruro a hacer la inscripción en una notaria que ha facilitado este proceso de inscripción”. En declaraciones a la radio Erbol, el secretario general de la Prefectura de Oruro, Thomas López, confirmó que el documento se protocolizó en esa ciudad. López sostuvo que sólo se cumplió una solicitud de la Notaría de Gobierno y de Yacimientos, “ante la posición intransigente y obstaculizadora de los prefectos de la oposición en su momento, como José Luis Paredes en La Paz, y como todas las prefecturas del país están habilitadas para cumplir la solicitud de protocolo. En este caso la prefectura de Oruro era la más cercana”. El contrato del fideicomiso fue firmado el 14 de agosto del 2008, por la suma de 45 millones de dólares. Ese monto representa más del 50% de lo que costaría la obra (86,3 millones de dólares), conforme al acuerdo contractual suscrito entre la estatal petrolera y la sociedad accidental Catler-Uniservice, el 14 de junio del mismo año, en la gestión de Santos Ramírez. “Nuestra primera sospecha es que este documento fue firmado posterior al escándalo (asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach y volteo de 450.000 dólares, sucedido el 27 de enero), y Oruro, su notario de gobierno y el señor Prefecto y testigos que se nombran en el documento han tenido que hacer un mecanismo protectivo abriendo espacios cronológicos, en tiempo para que ahí pueda insertarse”, dijo Guiteras. El senador justificó su apreciación, al preguntarse por qué tuvieron que ir supuestamente “en caravana” el Ministro de Hacienda, los ejecutivos y gerentes del Banco Unión, además de Santos Ramírez, entre otros, a Oruro para que la Notaría de Gobierno de esa ciudad proceda a la protocolización del documento. En este contexto, el legislador acusó al ministro Arce, al notario de la Prefectura de Oruro, al prefecto de ese departamento, a los testigos Nils Carrillo y Carl Torrico, al notario de Hacienda del Departamento de Oruro, y a Álvaro Gonzales Aramayo, por supuestamente prestarse a ese tipo de facilitaciones de carácter ilegal. Guiteras incluyó en su acusación a la gerente del Banco Unión, Marcia Villarroel y a Iver Vargas, gerente regional de la entidad en La Paz. “Esto nos ratifica también la seguridad de que el ministro Arce es responsable componente con los demás implicados”. El senador explicó que, al leer con detalle el documento del fideicomiso, vio que “el verdadero banquero era el Ministerio de Hacienda”, pues el Banco Unión sólo manejaba las cuentas. “Quien autorizaba los desembolsos, quien asumía la fiscalización, la supervisión el seguimiento, el sistema de auditaje y quien tenía que dar su conformidad cada 15 días era el Ministro de Hacienda. Por tanto, de la lectura en detalle del contrato del fideicomiso, tenemos la absoluta seguridad de que el Ministro de Hacienda tiene corresponsabilidades en el escándalo de corrupción”, insistió. En este marco, Guiteras anunció que solicitará formalmente que se amplíe el proceso de investigación. Indicó que la solicitud la realizará a título personal, si es que no logra consenso para hacerlo como Comisión. Añadió que esta ampliación de la investigación será puesta en conocimiento del Fiscal General de la República y del Fiscal de Distrito de La Paz. De acuerdo con el informe de Banco Unión, del fideicomiso de 45 millones de dólares, 35 millones de dólares fueron empleados para abrir la carta de crédito que garantiza el pago a la empresa estadounidense Gulsby, que fabrica las partes de la planta separadora de líquidos de Río Grande. De los 35 millones, ya fueron desembolsaron 13 millones de dólares como adelanto a la subcontratista. De los 45 millones de dólares, la estatal petrolera también sacó otros 3,3 millones de dólares, y los dio en dos pagos al consorcio Catler-Uniservice. “... Tenemos la seguridad de que el Ministro de Hacienda tiene corres- ponsabilidad en el escándalo de corrupción”. WÁLTER GUITERAS, senador de Podemos.