Canedo no mide calificativos para refutar decisión de reavivar juicio en su contra

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo. - Abi Agencia

SUCRE |

La ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosario Canedo, no midió calificativos el miércoles para refutar la decisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que reavivó un juicio de responsabilidades en su contra bajo los cargos de prevaricato en el caso de la quiebra del Banco Sur.

La jurista aseguró que la decisión es injusta y dijo que sus actos son "transparentes".

"Sorprende la actuación arbitraria, dolosa, premeditada, diabólica que han ejercido los miembros de la comisión de Constitución de la Cámara Baja y los del Comité del Ministerio Público, quienes se han dado a la tarea de vulnerar, pisotear todos mis derechos y garantías constitucionales", dijo a los periodistas.

En diciembre de 2008, La Corte Suprema de Justicia y una última instancia de apelación fallaron a favor de los ex accionistas del quebrado Banco Sur para recuperar seis millones de dólares, en perjuicio del Banco Central de Bolivia (BCB), que tuvo que asumir el reintegro de sus depósitos a los ahorristas.

"Se me ha privado del legítimo derecho a la defensa, no se han resuelto las recusaciones planteadas, puesto que tengo interpuesto una denuncia y querella penal a varios de los señores diputados, entre ellos al presidente de la comisión de Constitución, René Martínez", agregó Canedo.

Según Martínez, el pleno de la Cámara Diputados analizará los próximos días el proyecto de acusación contra Canedo, para determinar o rechazar la suspensión de la magistrada.

"El informe de la Comisión tendrá que debatirse desglosado en la Cámara de Diputados para que, una vez modificado, rectificado, complementado o aprobado en esta instancia, recién cobrará un efecto jurídico de suspensión", manifestó el parlamentario.

Explicó que la Comisión de Constitución y el Comité de Ministerio Público y Policía Judicial no violó ningún derecho de Canedo y actúa de acuerdo la Ley 2623 de 22 de diciembre de 2003 y la Ley Procesal para el juzgar a altas autoridades del Poder Judicial.