La gestora pública de pensiones genera dudas

El proyecto de ley de pensiones que fue presentado durante el foro organizado por EL DEBER y la revista Dinero & Finanzas (D&F) en la torre Cainco, en el que se abordó el tema Los cambios a la Ley de Pensiones y el rol de la nueva gestora estatal, de acuerdo con dirigentes sectoriales, trabajadores, jubilados, prejubilados, vecinos y expertos que acudieron a la cita, genera polémica y más dudas que certezas.

Cinco fueron los puntos medulares que motivaron la desconfianza e incertidumbre de las personas, que así lo hicieron saber, mediante sus preguntas, al viceministro de Pensiones, Mario Guillén, que fue el encargado de desmenuzar el proyecto del Gobierno.

Se cuestionó el sostenimiento  del sistema, pensado para 40 años; se criticó que el Estado sea a la vez administrador, acreedor y deudor, se observó la conformación del directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y su rol de administración transparente; no cayó bien que para financiar el fondo solidario se eche mano del aporte de los empresarios y de los trabajadores, y se cuestionó que el Gobierno logre realmente captar a todos los informales del país para registrar sus aportes.

Guillén explicó que el nuevo proyecto tiene como base la universalidad, la solidaridad y el sostenimiento, en este punto la autoridad aseguró que el sistema está garantizado por 40 años con la restitución del aporte patronal del 3%, además de un aporte de quienes reciben un salario superior a los 20 salarios mínimos nacionales (unos Bs 13.587).

Asimismo, incorpora que los trabajadores deben aportar un 0,5% de sus sueldos a un ‘fondo solidario’ por un principio de solidaridad.
Además, reiteró que el proyecto no tiene marcha atrás, pues se respalda en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Al respecto, Alberto Bonadona (ex interventor del Senasir), que participó como comentarista, señaló que 40 años es un periodo corto y que en el extranjero el sistema de seguridad social está pensado como mínimo en cuatro generaciones de 25 años para lograr cubrir una renta solidaria de alcance universal.

Por su parte, Kathya Vaca Díez (ex gerenta regional de la AFP Futuro de Bolivia) se preguntó si hay alguna certificación de alguna empresa reconocida que garantice el sostenimiento anunciado por el Gobierno.
Vaca Díez también observó que con la nueva ley de pensiones el Estado administra, recauda, fiscaliza, invierte y es acreedor y deudor.
“Lamentablemente ahora puede haber buenas intenciones, pero por lo general el Estado no se caracteriza por ser un buen administrador y eso es preocupante”, sostuvo.

Sobre el tema, Guillén indicó que, para evitar susceptibilidades, la ley contempla la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que será la encargada de controlar las normas y el estado financiero de los aportes.
En cuanto al financiamiento de la Pensión Solidaria, Edwin Fernández, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), subrayó que no es justo que se recurra a los trabajadores para que aporten de sus salarios el 0,5%.

Se debe señalar que la otra vía de financiamiento va a ser el aporte solidario de trabajadores dependientes y personas naturales que tienen ingresos altos, a partir de 20 salarios mínimos nacionales (Bs 13.587).

Para Bonadona, esta forma de obtener recursos es una manera encubierta de establecer un impuesto a los ingresos.
Sobre el 3% que los empresarios deberán desembolsar, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia prefirió no opinar hasta no tener el proyecto.

La posibilidad de incorporar a los informales para que ingresen en el sistema de pensiones, según Bonadona, será un enorme desafío para el Gobierno, que hasta el momento no ha logrado que los mismos paguen sus impuestos e ironizó que eso y el rostro de Dios es lo que no se verá nunca.

Guillén afirmó que, con base en los principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad, el Ejecutivo apuesta por incluir a los gremiales, campesinos, productores agropecuarios y trabajadores independientes en el nuevo proyecto a cargo de una gestora estatal, en enero de 2011.
Asimismo, adelantó que la nueva reforma castiga con cárcel a los empleadores (empresarios) que incumplan con el pago de aportes de sus trabajadores.

Para reflejar algunas ventajas del nuevo proyecto de ley, Guillén ejemplificó que en el caso de un trabajador (casado) de 58 años y con 25 años de aportes, con un sueldo a octubre de 1996 de Bs 1.000 y que realizó 15 años de aportes al sistema de reparto (hasta abril de 1996) y efectuó 10 años de aportes al Seguro Social Obligatorio (SSO) administrado por las AFP y su último ganado es de Bs 3.000, con un promedio de las últimas 24 cotizaciones de Bs 2.850, su cálculo de la pensión solidaria actual es de Bs 740 (26% de su promedio de las últimas 24 papeletas).

Mientras, con el cálculo de la pensión solidaria, que contempla el 65% del promedio de las últimas 24 papeletas puede llegar a recibir una pensión de Bs 1.853, según la autoridad.

Incluso al final del evento seguían las preguntas a Guillén y la incertidumbre reflejada en los rostros de los asistentes sobre el destino y la manera de administrar los recursos de la jubilación de los bolivianos que están depositados en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), manejados actualmente por la AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.

Se dio a conocer que el proyecto está en fase de consenso con el sector minero y la Central Obrera Boliviana (COB).

  Los fondos   
4.456 millones
Valor del FCI 2009

Es lo que representaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión en cuanto a cartera de inversiones y valor del FCI.

1,2 millones
Afiliados
Es el número de afiliados en todo el país que aspira a acceder a una jubilación digna. El Gobierno asegura que la mayoría de los trabajadores que ganan ‘poco’ se verá beneficiado.

Debe haber un equilibrio entre activos y pasivos

Alberto Bonadona / Ex interventor del Senasir

La pensión solidaria que plantea el Gobierno es un sistema de reparto que se basa en una bolsa común en la que los trabajadores, los empleadores y el Estado tienen que aportar y en esta gran bolsa es importante saber hasta qué punto mantiene una relación entre los que aportan y los que no lo hacen. 

Según estudios, la relación en este tipo de reparto debe ser de diez (que aportan) y uno que no lo hace, a mí me encantaría ver si eso se da y si se mantiene a lo largo del tiempo, sin hacerla tremendamente honorosa para ciertos sectores. 

Porque no se debe olvidar que en el anterior sistema de reparto la relación, que debía ser diez a uno, llegó a ser tres a uno lo que produjo un descalabro financiero, pues en esta relación cada uno de los activos tuvo que pagar el 33% de su bolsillo para poder financiar un pasivo y eso es lo que se quiere hacer con el aporte del cónyuge. Si yo gano 60 salarios mínimos, esto no me afecta, pero si tengo un salario mínimo, un descuento del 22%  es grave.

Cambio de administrador
Kathya Vaca Díez | Ex gerenta de AFP Futuro de Bolivia

En el tema del sostenimiento de esta ley de pensiones, si bien el viceministro indicó que se hizo un estudio a 40 años, quisiera saber si hay una certificación del mismo por una empresa reconocida que garantice que esto va a funcionar.
Por otro lado, en el actual sistema de Pensiones no hay una edad mínima para jubilarse. Por lo que veo, y esto lo aclara el viceministro, con esta nueva ley tampoco lo habrá. También se debe destacar que en la administración privada ya existe el fondo solidario, lo que ahora se busca es incrementarlo. Esto se financia mediante las primas de los trabajadores y el aporte de los que ganan más de 60 salarios mínimos.

Entonces, por lo que se ve en este nuevo proyecto de ley, de lo que se trata es de un simple cambio de administrador que, para mí, es cuestionable, porque no podemos hablar de seguridad social pública si los aportes son privados, de casi 1,3 millones de aportantes, que con nombre y apellido son dueños de sus cajas de ahorro.

   Las frases   
«Los empresarios han gozado 14 años de no entregar aportes y ahora les pedimos responsabilidad. Esto es innegociable»

Mario Guillén | Viceministro
«Esto se financia mediante una forma de impuesto. El aporte laboral del 0,5% se lo politiza. En realidad no hay un aporte estatal»
A. Bonadona | Economista

   La mora y las inversiones   
Ley 1732
- SSO. El empleador entra en mora al mes vencido en el que tuvo que pagar los aportes de sus dependientes.

- Gestión Administrativa. Dura 120 días, en la que se agota toda la gestión de cobro para iniciar el proceso ejecutivo.

- Títulos. Éstos serán de un solo emisor o grupo de emisores, y van hasta el 10%.

- Seriados. Los títulos seriados de una misma emisión o serie son hasta un 40%

- Inversión en pymes. Sin calificación de riesgo, con mecanismos de cobertura o garantía no se permite. Las inversiones en capital social pueden ser hasta del 10%.

- Custodio. El depósito en entidades de custodio es hasta un 95%. Las inversiones en el extranjero fijadas por el BCB son del 10 y el 50%.
Proyecto de Ley
- Cobro. La gestión administrativa de cobro no debe durar más de 120 días calendario, desde que el empleador se constituyó en mora (al día siguiente del mes vencido).

- Gestión. Ésta no será considerada como una medida prejudicial o preparatoria necesaria para iniciar el proceso coactivo de la seguridad social.

- Títulos. También van hasta un 10%.

- Seriados. Éstos deben ser del orden del 70%.

- Inversión en pymes. Al igual que en el caso de la Ley 1732, aquí hay modificaciones y puede llegar hasta un 5%. Las inversiones en capital social pueden llegar hasta el 20%.

- Custodio. El depósito en entidades de custodio o depósito de valores puede llegar hasta un 95%. Las inversiones en el extranjero pueden llegar hasta un 50%.

  Las inquietudes  
Blanca Orellana
Docente
“Estamos preocupados porque aún no hay suficiente información. Sólo sabemos que el Estado va a administrar nuestro dinero y, por experiencias pasadas hay temor de que lo haga mal o que use estos recursos de forma discrecional. Luego de esta reunión, el viceministro nos ha asegurado que no habrá confiscación de nuestros ahorros, pero el temor existe y hasta el momento no sabemos qué hacer”.

Jorge Domínguez
Trabajador
“No comprendo por qué el Estado tiene que administrar algo que es privado, que es de uno y que, en mi caso, se trata de un ahorro de 25 años. Como ya dijo esta autoridad, a los aportantes no nos queda otra que aceptar y ceder parte de nuestros ingresos para crear ese fondo solidario, porque así lo dice la Constitución. Sólo espero estar equivocado y que mi dinero sea devuelto cuando me jubile”.

José Miranda
Jubilado
“Ya cumplí con mis aportes y estoy cobrando mi pensión con el actual sistema. Por lo que entendí, si voy a pasar al otro sistema, se me va a respetar lo que estoy cobrando. La preocupación es para las generaciones que vienen, para aquellos jóvenes que trabajan dentro de la formalidad, para aquéllos que pagan sus impuestos y que no se esconden en la actividad informal”.

Susana Vaca
Trabajadora
“Debo destacar el interés por la situación económica de la mujer, eso es bueno que se tome en cuenta a aquella persona que realiza tareas domésticas y que no tuvo la oportunidad de realizar ningún aporte. Otra cosa que parece interesante es la jubilación para el cónyuge, es cierto que muchas veces por problemas de convivencia uno se separa y las más perjudicadas son las mujeres”.

Teófilo Caballero
Economista
“Aquí, lo que se debe discutir es la sostenibilidad, más allá de las buenas intenciones que se puedan tener, ya que el hecho de mejorar la calidad de vida de la gente o reducir la pobreza no es algo que se pueda alcanzar de la noche a la mañana. ¿Existe un cálculo que muestre cuál será el impacto de reducir la edad de 60  a 58 años, o 55 años en el caso de las mujeres o de los 51 años de los mineros?”.

fuente:eldeber