Finalizó en La Paz audiencia pública de CorteIDH sobre masacre en Guatemala

EFE

Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) finalizaron ayer la audiencia celebrada en La Paz sobre la masacre cometida en la población guatemalteca de Las Dos Erres a fines de 1982 y de la que se responsabiliza al Ejército ese país centroamericano.

Por la mañana, la vista consistió en la declaración de dos de los supervivientes de la masacre, además de un abogado y dos peritos que se presentaron en calidad de testigos.

En la tarde, fue el turno de las posiciones de las tres partes del caso: los representantes de las víctimas, los portavoces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los defensores del Estado de Guatemala. Las dos sobrevivientes, Ramiro Osorio y Felicita Romero, explicaron a los jueces lo sucedido la noche del 6 de diciembre de 1982, cuando fuerzas de elite del Ejército de Guatemala entraron en la población de Las Dos Erres, en la que asesinaron al menos a 162 personas. Osorio relató cómo escapó de la matanza y expresó su temor de volver a su país natal por miedo a represalias de órganos militares.

"Tengo temor de volver a Guatemala porque los asesinos siguen libres, y al saber que yo estoy allí van a intentar matarme", dijo. Por su parte, Romero expresó el "enojo" de los familiares de las víctimas por no haber encontrado justicia desde que se produjo la masacre, y exigió que se encarcele a los culpables, algunos todavía en cargos públicos en el Congreso guatemalteco, según dijo. El abogado penalista Édgar Pérez, que en Guatemala defiende a las víctimas, dijo ante la corte que "el fundamental obstáculo" para la resolución y sentencia del caso es que las personas enjuiciadas son militares que abusan de los recursos de amparo. "Este caso tiene el récord de amparos ante un juez en el país; el último duró casi cinco años", declaró.

Las partes implicadas expusieron por la tarde los motivos por los cuales la corte debe emitir una sentencia en el caso, también en presencia de la ministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico. La defensa del Estado de Guatemala alegó que la CorteIDH es incompetente para dictar sentencia sobre la masacre al tratarse de un hecho sucedido antes de que este país reconociera la competencia de esa corte, en 1987. Sin embargo, reconoció la culpabilidad del Estado, recordando que en 2001 el Gobierno guatemalteco emitió una declaración sobre el caso. Por su parte, los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizaron en el retardo de la justicia guatemalteca en el dictamen de una sentencia sobre el caso, algo que, según su opinión, "ahonda en el dolor" de las víctimas.

El juicio en la CorteIDH continuará con la presentación hasta el próximo 18 de agosto y por escrito de las alegaciones finales de cada parte. La audiencia celebrada ayer se enmarca en las actividades de la XL sesión extraordinaria de la Corte en La Paz, que concluirá este jueves con la revisión del cumplimiento de la sentencia emitida en 2006 sobre la demanda de tierras de los indígenas Sawhoyamaxa contra el Estado de Paraguay.