Nueva demanda pone en peligro al Poder Judicial
La Prensa
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a investigar a la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame Farjat, y al único consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida Rendón, además del ministro de la Corte Suprema de Justicia Hugo Suárez Calvimonte, porque habrían sido parte del Directorio de la Mutualidad del Poder Judicial, lo que sería incompatible con sus funciones, ya que recibían un doble sueldo. De encontrarse indicios de responsabilidad en su contra, esto significaría el cierre del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, y dejaría a la Corte Suprema de Justicia sin quórum para sesiones de sala plena, ya que sólo tendría siete ministros en funciones.
La denuncia sobre esa presunta ilegalidad fue presentada la pasada semana por el diputado chuquisaqueño Wilber Flores (MAS) al presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera. El legislador argumentó que esos magistrados, al haber formado parte del Directorio de la Mutualidad, recibieron una remuneración económica, tal como lo establece el artículo 36 del estatuto orgánico de esa institución.
Salame admitió haber recibido pagos, pero dijo que no es incompatible con su actividad. Mérida negó remuneración alguna. Este nuevo proceso se suma al juicio que el Gobierno inició contra ocho ministros de la Corte Suprema de Justicia por retardación de justicia y por pedir juicio de responsabilidades para el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. Los casos se encuentran en investigación en la Cámara de Diputados, donde existe una mayoría oficialista.
El diputado Flores (MAS) considera que, al haber ocupado esos cargos, los tres magistrados incurrieron en los delitos de prohibiciones e incompatibilidades de funciones previstas en las leyes 1836 del Tribunal Constitucional, 1455 de Organización Judicial y 1817 del Consejo de la Judicatura, que son sancionados con la cesación inmediata de funciones, previa investigación del Congreso Nacional.
De acuerdo con el sitio web de la Mutualidad, el ministro Hugo Suárez actualmente ejerce la presidencia del directorio. Según su estatuto orgánico, recibe una remuneración de tres salarios mínimos nacionales.
El consejero Rodolfo Mérida Rendón tendría un pago de dos salarios mínimos nacionales. Sin embargo, consultado sobre este tema, esta autoridad aseguró que no percibió ninguna dieta y precisó que presentará los descargos que corresponden.
Salame reconoció que recibió cinco dietas de la Mutualidad, porque así lo señala el estatuto de esa institución y dijo que no es incompatible con su función.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a investigar a la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame Farjat, y al único consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida Rendón, además del ministro de la Corte Suprema de Justicia Hugo Suárez Calvimonte, porque habrían sido parte del Directorio de la Mutualidad del Poder Judicial, lo que sería incompatible con sus funciones, ya que recibían un doble sueldo. De encontrarse indicios de responsabilidad en su contra, esto significaría el cierre del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, y dejaría a la Corte Suprema de Justicia sin quórum para sesiones de sala plena, ya que sólo tendría siete ministros en funciones.
La denuncia sobre esa presunta ilegalidad fue presentada la pasada semana por el diputado chuquisaqueño Wilber Flores (MAS) al presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera. El legislador argumentó que esos magistrados, al haber formado parte del Directorio de la Mutualidad, recibieron una remuneración económica, tal como lo establece el artículo 36 del estatuto orgánico de esa institución.
Salame admitió haber recibido pagos, pero dijo que no es incompatible con su actividad. Mérida negó remuneración alguna. Este nuevo proceso se suma al juicio que el Gobierno inició contra ocho ministros de la Corte Suprema de Justicia por retardación de justicia y por pedir juicio de responsabilidades para el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. Los casos se encuentran en investigación en la Cámara de Diputados, donde existe una mayoría oficialista.
El diputado Flores (MAS) considera que, al haber ocupado esos cargos, los tres magistrados incurrieron en los delitos de prohibiciones e incompatibilidades de funciones previstas en las leyes 1836 del Tribunal Constitucional, 1455 de Organización Judicial y 1817 del Consejo de la Judicatura, que son sancionados con la cesación inmediata de funciones, previa investigación del Congreso Nacional.
De acuerdo con el sitio web de la Mutualidad, el ministro Hugo Suárez actualmente ejerce la presidencia del directorio. Según su estatuto orgánico, recibe una remuneración de tres salarios mínimos nacionales.
El consejero Rodolfo Mérida Rendón tendría un pago de dos salarios mínimos nacionales. Sin embargo, consultado sobre este tema, esta autoridad aseguró que no percibió ninguna dieta y precisó que presentará los descargos que corresponden.
Salame reconoció que recibió cinco dietas de la Mutualidad, porque así lo señala el estatuto de esa institución y dijo que no es incompatible con su función.
Nueva demanda pone en peligro al Poder Judicial
Reviewed by wilynoel
on
4/14/2009 09:16:00 a. m.
Rating:
No hay comentarios
Publicar un comentario