El juicio de Octubre se frena para Goni y su equipo cercano

El proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada y ocho de sus ex colaboradores se paralizó hasta que retornen al país. Ellos están declarados en rebeldía y tendrán que ser extraditados para que rindan cuentas ante la justicia boliviana. El juicio en el caso de octubre del 2003 comenzó ayer en Sucre únicamente contra tres ministros y cinco jefes militares de la administración gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada. El proceso contra el ex presidente y otros ocho de sus colaboradores quedó paralizado hasta que ellos se constituyan en el país para encarar el proceso.

La decisión se encuentra contenida en la decisión judicial que adoptó ayer el tribunal que ventila este caso y que está constituido por los ministros de la Corte Suprema, Ángel Irusta y Roberto Suárez, además de ocho conjueces designados para el caso. “Se suspende el presente juicio respecto a los declarados rebeldes, razón por la cual resulta innecesaria la designación de defensores”, sentenció Irusta, presidente del tribunal. La decisión se refiere a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres-Goitia (Salud), Guido Áñez (Asuntos Campesinos), Hugo Carvajal (Educación) y Yerko Kukoc (Gobierno), los tres primeros asilados en Perú, el cuarto en EEUU y el quinto en España. De Kukoc se desconoce el paradero. En el caso de Sánchez de Lozada, al igual que sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos), éstos fueron declarados en rebeldía hace dos años y su extradición de EEUU se encuentra en trámite . En el caso de estas nueve personas procesadas por el caso Octubre, los delitos por los que son acusadas no prescriben. En la misma resolución aprobada ayer se declaró la rebeldía, orden de aprehensión y la hipoteca (anotación preventiva) de los bienes de los seis ministros de Sánchez de Lozada que no se presentaron al juicio, como ocurrió con Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague. El histórico juicio se instaló en medio de una movilización de las denominadas víctimas de octubre y luego de casi seis años de la revuelta social de octubre del 2003, que exigía la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada y que acabó con 67 muertos y centenares de heridos. La audiencia se instaló a las 9.45 en Sucre, sede del Poder Judicial, con la petición de declaratoria de rebeldía de los imputados presentada por el fiscal general, Mario Uribe. En el otro frente, el abogado defensor de Torres Obleas intentó frenar el pedido del representante del Ministerio Público con la presentación del documento oficial de asilo político que el Gobierno del Perú le entregó a su defendido. La gestión no tuvo éxito. Tras un análisis de la demanda a puerta cerrada, el tribunal reinstaló la sesión a las 11.45 para declarar rebeldes y contumaces, y ordenar la aprehensión y posterior extradición de los seis ex ministros procesados, para quienes comenzó a correr una acusación con delitos imprescriptibles. Contrariamente, se quedaron en Bolivia y asistieron al juicio los ex ministros Dante Pino (Servicios Financieros), Adalberto Kuajara (Trabajo) y Erick Reyes Villa (Desarrollo Sostenible), todos de NFR y que en la administración de Sánchez de Lozada no ocuparon cargos de decisión política. También se presentaron al juicio los generales Gonzalo Rocabado, Roberto Claros, Juan Véliz, José Quiroga y el almirante Luis Aranda, miembros del Alto Mando Militar en el año 2003. Al inicio de la audiencia, el Fiscal General anunció que “en virtud a la muerte injusta de muchos bolivianos, bajo el delito de genocidio en su forma más violenta, se pretende lograr de 20 a 30 años de condena para los que resulten culpables”. Posteriormente, el juicio no pudo proseguir debido a una recusación contra todo el tribunal presentada por la defensa del ex ministro Kukoc, minutos antes de que empiece la audiencia. “Es indignante la doble moral con que se manejan los coimputados, quienes sólo buscan la dilación del proceso”, denunció el fiscal de Recursos asignado al caso, Milton Mendoza. Agregó que lo más importante ahora es “haber logrado la declaración de rebeldía, la orden de detención y el trámite de extradición, porque con ello en cuestión de horas y días se podrá proceder a la detención de quienes huyeron para no enfrentar el juicio”. Entretanto, el proceso no podrá continuar hasta que un otro tribunal resuelva la recusación presentada este lunes. Glosario Aprehensión • Se dicta para obligar a un imputado a presentarse a declarar para que asuma su defensa en un juicio. Hipoteca • Se dicta para los bienes de un imputado desde el momento en que comete el delito. No tiene plazo.