Evo advierte con confiscar medios “separatistas”

El Mandatario anunció, hace casi un mes, la emisión de un decreto para confiscar los bienes a empresarios que supuestamente apoyaron a los grupos separatistas. Ayer, con el mismo argumento, incluyó a medios.

• EL TRABAJO • Un grupo de periodistas y camarógrafos realiza la cobertura informativa en inmediaciones de la plaza Murillo. La fotografía fue tomada en diciembre del año pasado. El presidente Evo Morales sostuvo ayer que el gabinete ministerial, en su reunión de hoy, podría tratar el decreto que ordena la confiscación de bienes a personas y empresarios que, según el Gobierno, apoyaron acciones separatistas en el país, lista a la que añadió a medios de comunicación que habrían dado la misma ayuda. El anuncio del Jefe de Estado fue emitido durante el acto de inauguración de la Fase III del Gasoducto Carrasco-Cochabamba, en la localidad de Sacaba. “Si algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación estaba aportando plata (dinero) para este grupo separatista, los bienes de estos grupos separatistas van a ser incautados, todo por defender la patria”, expresó durante su discurso. El 16 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, el Gobierno promovió un operativo policial en el que murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, y cayeron detenidos Elöt Tóásó y Mario Tadic, acusados de acciones terroristas. Actualmente este caso aún es investigado por el Ministerio Público. A raíz de ese hecho, el domingo 26 de abril, también en Cochabamba, el Primer Mandatario anunció la redacción y aprobación de un decreto supremo para confiscar los bienes de empresarios que apoyaron al supuesto grupo terrorista que también promovería una acción separatista en el país. Ayer, Morales aseguró que el mencionado decreto está destinado a impedir que en el país haya más apoyo a grupos irregulares. “No vamos a permitir nunca más que alguna persona o algún empresario pueda estar aportando para que gente venga del exterior para dividir Bolivia. La unidad del país es algo sagrado para los bolivianos y eso se lo hemos demostrado desde hace un año”, sostuvo. El apoyar con recursos económicos a cualquier acto separatista será considerado “una traición a la patria”, agregó. En Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García dijo que “es un decreto que aplica el artículo 124 de la nueva Constitución, en torno a la traición a la patria, en el acápite referido a actitudes que atenten contra la unidad del país, y posiblemente mañana (hoy), como lo anunció el Presidente, esté en ejecución, fundamentalmente para dar la señal más contundente para que nadie más pueda volver a involucrarse en actividades que atenten contra la unidad de Bolivia”. Morales también advirtió que las empresas privadas, “petroleras, transnacionales que son socias del Estado boliviano, entiendan que si van a trabajar, el Gobierno va a garantizar la recuperación de (su) inversión y tendrán derecho a utilidades. Pero si alguna empresa, so pretexto de inversión en Bolivia, va conspirando contra el pueblo boliviano, contra la democracia, esa empresa tiene los días contados en Bolivia, porque tenemos derecho a defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, pero también la democracia”. Redacción Cochabamba y Santa Cruz La denuncia El caso • Un grupo de bolivianos, con el apoyo de extranjeros, que radicaban en Santa Cruz, es acusado de promover acciones separatistas en el país. El castigo • El presidente Evo Morales anunció la aprobación de un decreto supremo que permita a las autoridades confiscar los bienes de quienes ayudaron a ese grupo. Puntos de vista “Es una cuestión descabellada” JUAN JAVIER ZEBALLOS. Director Ejecutivo de la ANP. “Es una amenaza que está destinada a amedrentar a los medios de comunicación. Si hubo delitos cometidos, tienen que presentar pruebas y no hacer denuncias simplemente mediáticas, sin ningún respaldo documental. En todo caso, tienen que tener pruebas que respalden la acusación de que algunos medios están vinculados con supuestos grupos desestabilizadores. Nos parece una cuestión muy descabellada, no se sabe a quién acusa ni por qué acusa”. “Es revolución totalitaria” ANTONIO FRANCO. Diputado de Podemos. “La revolución cultural del MAS le permite al Presidente (Evo Morales) cometer semejantes excesos. Y el Presidente, lógicamente, lo que quiere y propone es una revolución cultural totalitaria, donde todos los poderes estén concentrados en una mano, donde él sea el imperio de la ley y el dueño de la verdad. Esta constante amenaza, amedrentamiento de utilización en exceso de los medios en coacción que tiene el Presidente, son los que tienen a la población boliviana en vigilia desesperada”. “Una norma inconstitucional” BERNARDO WÁYAR. Presidente Col. de Abogados La Paz. “Esa norma, como lo dijimos en anteriores oportunidades, sería considerada inconstitucional porque estaría regulando los efectos procesales respecto a la conducta que se hubiera declarado culpable, previo juicio, en un proceso penal. Los procedimientos judiciales y este tipo de sanciones y medidas se dictan necesariamente por medio de la República. No hay posibilidad alguna de que un decreto supremo pueda regular este tipo de normas”. “Se tiene que hacer un análisis” PABLO ANTELO. Presidente del IBCE. “Primero tendrían que determinar si existe alguna culpabilidad en las personas procesadas porque el Presidente (Evo Morales) está aplicando una medida contra la que él luchó por mucho tiempo que es la Ley 1008, con la que se incautan bienes de aquel que está procesado por los delitos de narcotráfico, y él la está aplicando ahora, por temor de los delitos de terrorismo, de gente que considera estar involucrada. Se tiene que hacer análisis con más detenimiento”.