Evo autoriza la incautación de bienes bajo sola sospecha
| La acción está contenida en el Decreto 0138, que castiga las conductas y delitos ligados al alzamiento armado y la sedición. El Ejecutivo dice que fue aprobado en defensa de la unidad del país y que se aplicará en el caso Rózsa. | |||
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El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, hicieron conocer el decreto que Morales perfiló el 26 de abril luego de que el propio Gobierno aseguró que empresarios habrían financiado al grupo de Rózsa. “Ésta es una medida preventiva; responde, en esencia, a la preservación de la unidad de la patria. Cualquier actividad, cualquier hecho que intente socavar los cimientos de la unidad de la patria, va a ser sometido, juzgado, condenado y procesado al amparo de la ley”, explicó Quintana en conferencia de prensa. Según el decreto, estos casos se tramitarán en La Paz y la Fiscalía será la encargada de solicitar a un juez la incautación de bienes inmuebles, valores y dinero de las personas imputadas y de los posibles cómplices e instigadores de delitos y conductas de terrorismo, sedición y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. La norma, que provocó rechazo de políticos, cívicos y empresarios, usa de forma paralela los términos de delitos y conductas al referirse al terrorismo, sedición y alzamiento armado. No será necesario que concluya un juicio para aplicar estas sanciones. El Fiscal, “a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse sentencia...solicitará...la incautación de bienes”, prevé parte de la referida norma. Esto, según Chávez, no viola la presunción de inocencia. “Es una norma preventiva, sin deslindar la presunción de inocencia”, insistió el viceministro y añadió que el decreto “versa sobre la protección que el Estado, y todo Estado debe darse para combatir la delincuencia que busca destruir la unidad del país”. Los convenios internacionales sobre terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Constitución Política del Estado y el Código Penal son la base legal sobre la cual el Gobierno respaldó su disposición. No obstante, para el ex miembro del Tribunal Constitucional, Willman Durán, el decreto legisla sobre procedimientos de decomiso de recurso y bienes fijados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. “Un decreto interfiere sobre esos ámbitos de competencia desconociendo la jerarquía normativa existente en el país”, explicó, mientras el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, señaló que se viola el artículo constitucional que prohíbe la exacción y coacción. El decreto, además de incautar bienes, autoriza a la Fiscalía tramitar ante el juez la retención de fondos de aquellas personas vinculadas con los casos, independientemente de si este dinero haya sido o no utilizado en los delitos o conductas sancionadas. “Los bienes incautados, incluidos recursos financieros y valores, preferentemente se destinarán a programas de seguridad ciudadana”, señala el parágrafo quinto del artículo 4 de la norma. La calidad de incautación pasará a confiscación cuando haya sentencia condenatoria. Sin embargo, no prevé el proceder si el acusado es absuelto. El asesor del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, explicó que de principio la norma se aplicará a las personas que resulten relacionadas con el grupo desarticulado el 16 de abril, cuando murieron Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y fueron detenidos Mario Tadic y Elöt Tóásó. El Presidente explicó que la norma busca “castigar” a quienes financiaron las actividades de los miembros del grupo Rózsa, entre los que el martes incluyó a medios de comunicación. Posiciones Fiscalía • El ministro de Defensa, Walker San Miguel, informó que el Ministerio Público, como defensor del Estado, debe actuar de oficio en estos casos. Oposición • El senador Óscar Ortiz dijo que el decreto es una forma de “terrorismo de Estado” y el inicio de “una época de oscurantismo en derecho”. Empresarios • Exigen debatir esta norma, aunque adelantaron que está en contra de la normativa legal vigente y atenta contra la propiedad privada. El decreto para combatir el terrorismo La Fiscalía solicitará la ejecución de la incautación de bienes en la investigación sobre los delitos de terrorismo, sedición y de alzamiento armado. Respaldo La disposición legal se ampara en convenios internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre lucha contra el terrorismo, la Carta Democrática Interamericana, la Constitución Política del Estado y el Código Penal.
Jurisdicción La ciudad de La Paz, como sede de los poderes, queda consolidada como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Aplicación La norma será aplicada sobre el patrimonio, medios e instrumentos para la comisión o financiamiento que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de conductas de terrorismo, sedición y alzamiento armado.
Cautelares La Fiscalía pedirá al juez la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados y posibles instigadores y cómplices de conductas calificadas de terrorismo, sedición o alzamiento. Dinero El Fiscal podrá requerir la retención de fondos de los imputados y posibles instigadores y cómplices. La incautación se aplicará aunque los fondos no se hayan usado o no se haya llegado a producir los actos de terrorismo, sedición o alzamiento. Procedimiento La Fiscalía, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse sentencia, mediante requerimiento solicitará al juez la incautación de bienes sujetos a confiscación, especificando los que dejará. Juez Dispondrá de la incautación de los bienes inmuebles, valores y dineros que hayan podido servir a la comisión de los delitos señalados. Concluido el juicio, si se establece la culpabilidad del acusado, sus bienes pasarán a ser confiscados. Previsión No serán objeto de incautación los bienes muebles u objetos personales que fueran de uso indispensable por el imputado o posibles instigadores y cómplices, y su cónyuge, según dispone el Código Civil. |
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