Oficialistas piden poner límites a la justicia comunitaria
El Gobierno anunció que ya redacta una Ley de Deslinde Jurisdiccional para que esta práctica no derive en excesos como el que se cometió en contra del líder indígena Marcial Fabricano, que fue flagelado en Beni. | |||
La previsión es contar con un documento preliminar de propuesta hasta agosto, para que la futura Asamblea Plurinacional proceda a aprobarla. La ministra de Justicia, Celima Torrico, explicó ayer que la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en enero contempla la figura de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina que da pie a prácticas como la justicia comunitaria. “La Ley de Deslinde delimitará las competencias de la administración de la justicia indígena originaria y además (establecerá) cuáles son las competencias de las autoridades originarias para que no hayan excesos en los casos”, precisó la autoridad. Torrico dijo que ya se trabaja en la redacción de la norma y que se prevé tener un documento base hasta agosto para que la futura Asamblea Plurinacional la apruebe. “El actual Congreso ya no puede aprobar”, recordó Entretanto, el líder de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, afirmó que las organizaciones sociales propondrán “en su momento” una ley normativa de la justicia comunitaria para que esta práctica guarde concordancia con la justicia ordinaria. Surco admitió que un grupo de indígenas afín al Gobierno cometió “excesos” en contra del director departamental de Desarrollo Indígena de la Prefectura del Beni, Marcial Fabricano. El ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, coincidió con su colega Torrico en que la manera de evitar excesos como los cometidos en contra de Fabricano es “desarrollar de mejor manera” el principio constitucional de respeto a los derechos humanos a través de la Ley de Deslinde. Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aclaró que no existen vacíos ni contradicciones en el actual texto constitucional. “Se deben respetar los derechos a la integridad y la vida (...) no hay qué interpretar; claramente están prohibidos (estos actos), pero no existen vacíos (en la CPE)”, argumentó. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Elizabeth Salguero (MAS), recomendó que el Ministerio de Justicia debería desarrollar una campaña de información para aclarar los límites de la justicia comunitaria. El senador de Podemos Wálter Guiteras dijo que la brigada parlamentaria del Beni pedirá formalmente a la Fiscalía una investigación profunda del caso para castigar a los culpables de la flagelación a Fabricano. Fabricano está en Santa Cruz El líder indígena Marcial Fabricano fue trasladado ayer, en una avioneta, a la ciudad de Santa Cruz para practicarse exámenes médicos, debido al debilitamiento de su salud. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del Beni, Ernesto Moisés Yabeta, informó a radio Patujú que la salud de Fabricano se complicó y que además del dolor de espalda y de cadera, producto de los chicotazos, sufre dolor de cabeza intenso y desmayos. Fabricano denunció el domingo que un grupo de caciques del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) lo flagelaron con chicotazos, bajo el argumento de la justicia comunitaria, por no apoyar la aprobación de la Carta Magna. Debido a la severidad del castigo, Fabricano permaneció en el hospital Germán Busch de Trinidad, pero ayer fue llevado en una avioneta con rumbo a la capital cruceña para recibir atención especializada y curar sus heridas. |
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