El cupo indígena será la prueba de fuego para la transición
La aplicación de la representación indígena en el Congreso se constituirá en la prueba de fuego de la implementación del texto constitucional, pues el MAS y la oposición deberán, no sólo pactar y superar las contradicciones jurídicas presentes, sino los conflictos que implicará redistribuir los 130 escaños departamentales con los indígenas.
Según el analista Jorge Lazarte, el conflicto tendrá origen en el hecho de que “cada circunscripción indígena será un diputado menos para cada departamento”, aunque también advierte que en el nivel indígena no será diferente, entendiendo que cada pueblo pugnará por ser representado.
A este escenario se sumarán los conflictos que desatarán las contradicciones constitucionales. La analista Ximena Costas hizo notar que, mientras un artículo (146) prevé que la creación de la circunscripción indígena respetará la densidad proporcional y los límites departamentales, en otro siguiente (147) se contradice y desvirtúa ambos principios.
Pero no sólo es eso, ya que a la par que se afirma que el Órgano Electoral definirá las circunscripciones especiales, también se establece, de forma contradictoria, que “la ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario campesina...”.
En medio de este complejo panorama legal y político, el MAS y la oposición en el Congreso debatirán el régimen electoral para la elección de diciembre. Esta norma, la primera de la nueva institucionalidad, deberá ser aprobada 60 días después de promulgado el texto constitucional.
El diputado de Podemos Bernardo Montenegro anticipó que el debate será “complejo”, porque implicará encaminar acuerdos, no sólo políticos, sino con las regiones e indígenas, de tal manera de evitar conflictos.
Parte del artículo 146 del texto constitucional prevé que “se establecerán (circunscripciones especiales) solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional”.
Según el ex constituyente del Movimiento al Socialismo (MAS), Raúl Prada, este artículo está pensado para los pueblos de tierras bajas y el Chaco. “No es para los aymaras y quechuas”, añadió, aunque no pudo precisar si, bajo esta lógica, se crearán 34 y no 36 circunscripciones especiales.
Es más, consideró necesario realizar una “investigación para tomar una decisión política”.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), existen 37 pueblos indígenas, incluidos los afrobolivianos, que alcanzan a 3.907.655 habitantes. La nueva CPE señala como una de las características de un pueblo indígena su existencia antes de la “invasión colonial española”.
El diputado del MAS Jorge Silva aclara que este aspecto es central para ver qué pueblo es “indígena” y recordó que será el órgano electoral el que defina las circunscripciones especiales.
Costas calculó que se crearán entre 40 a 65 circunscripciones de este tipo, porque los quechuas y aymaras también reivindicarán este derecho en aquellos departamentos como Santa Cruz, donde son minoría frente al resto.
Esto, aseguró, en los hechos representa disminuir la representación departamental a favor de los pueblos indígenas.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde), del cual forman parte Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, observó la representación indígena. El delegado de Autonomía de Tarija, Diego Ávila, explicó que este precepto implica discriminación.
“En el caso de Tarija, por ejemplo, tenemos cinco diputaciones uninominales y tres de estas irían a los pueblos indígenas con menos de 15 mil habitantes”, señaló.
Aunque Montenegro descartó que se creen circunscripciones con 300 personas o más, Prada retrucó y planteó que el futuro mapa electoral puede tomar en cuenta “poblaciones interculturales”, es decir, de varios grupos reunidos en un mismo espacio.
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) descartó la propuesta. Su dirigente Adolfo Chávez aseguró que se garantiza a cada pueblo indígena un diputado y, si es necesario, sugirió incrementar a 150 los escaños en Diputados. “Fue un error no aumentar el número de parlamentarios de 130 a 150, en la Constituyente”, dijo.
Costas graficó el complejo panorama que se avecina señalando la situación de Beni, donde existen 18 pueblos indígenas. “¿Se crearán 18 circunscripciones?, ¿a quién se le restará para dar a los indígenas su cupo?”, cuestionó.
“Cada departamento va a perder escaños, eso es inevitable”, insistió Lazarte y además se preguntó, “¿qué pasará con los no indígenas en territorio indígena?”.
La Paz tiene 29 escaños; Santa Cruz, 25, Cochabamba, 19; Potosí, 14; Chuquisaca, 11; Oruro, 9; Tarija, 9; Beni, 9, y Pando 5 curules en la Cámara de Diputados. Según el texto constitucional, se mantendrán las 130 representaciones, por lo que necesariamente las diputaciones indígenas saldrán de este cupo nacional.
El también ex constituyente y ex vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE) hizo notar que dentro de los pueblos indígenas también se presentarán pugnas, porque pueden ser un número mayor de grupos que los escaños asignados al departamento al cual pertenecen.
En La Paz se encuentran seis pueblos indígenas, en Chuquisaca, tres; en Pando, cuatro, al igual que en Santa Cruz; en Tarija, tres; en Cochabamba, dos; en Oruro, uno,SS y en Beni se encuentran 18 pueblos indígenas. Los aymara y quechua tienen presencia en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija.
Según el dirigente del Consejo de Ayllus y Marqas de Qullasuyu (Conamaq), Elías Quelka, los aymaras y quechuas también tienen derecho a constituir circunscripciones especiales en cada uno de sus 16 ayllus que, informó, están integrados por 20 a 40 mil familias originarias.
Contrariamente, Chávez aseguró que estos grupos son mayoritarios frente al de tierras bajas y, por consiguiente, pueden obtener representantes congresales en circunscripciones normales.
El dirigente indígena aseguró que sus escaños legislativos representarán a sus pueblos y no al departamento. Prada coincidió con esta percepción y reforzó la idea de que “van a representar a esta nación como parte de un territorio establecido”, con lo cual se reafirma la idea de pérdida de representación legislativa a nivel departamental.
Para el senador de Podemos y constitucionalista Luis Vásquez “las circunscripciones especiales, esencia de lo plurinacional, son solamente un enunciado vacío de contenido” por la inviabilidad que representará su aplicación.
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