Santos aparece como principal responsable de irregularidades

Santos Ramírez no mandó copias de los contratos cuestionados a la Contraloría ni a Suxo. Dos hermanos políticos de Santos Ramírez eran funcionarios de YPFB; están suspendidos. Este matutino conversó con penalistas que identificaron once delitos posibles en el caso O’Connor. Santos Ramírez aparece como principal responsable de una serie de irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El Gobierno ha identificado a 25 personas que serán investigadas por once delitos. La viceministra Anticorrupción, Nardy Suxo, afirmó que Santos Ramírez es el principal responsable de las irregularidades en Yacimientos por haber estado al frente de la estatal durante este tiempo. “Santos Ramírez cometió varias irregularidades y presuntos actos de corrupción mientras estuvo al frente de YPFB”. Suxo detalló ante la radio Erbol las irregularidades cometidas por la ex autoridad en el contrato suscrito por YPFB con la empresa que representaba el extinto Jorge O’Connor D’Arlach, Catler Uniservice. “Al parecer hubo irregularidades no sólo en el proceso de licitación, sino también en la adjudicación y en el desembolso de recursos económicos que hizo YPFB a favor de la empresa Uniservice”. La investigación se precipitó luego de que el martes 27 un grupo de asaltantes asesinara a O’Connor D’Arlach para arrebatarle los 450.000 dólares que este último llevaba en dos maletines. Las declaraciones tomadas a los atracadores establecieron nexos entre éstos y la familia política de Santos Ramírez. Además se destaparon irregularidades en el acuerdo suscrito entre YPFB y Catler Uniservice. La empresa tiene como accionistas a los hermanos O’Connor D’Arlach, Miguel y Jorge (†), además de Pablo Cossío, hermano del Prefecto de Tarija. Los accionistas quedaron bajo investigación del Viceministerio de Transparencia, según informó Nardy Suxo. La anterior semana, con Santos Ramírez aún al frente de Yacimientos, Suxo pidió copias de los contratos firmados con Catler. La autoridad informó que el ex Presidente de YPFB nunca se los hizo llegar. Además se supo que Ramírez nunca envió las copias correspondientes de los documentos suscritos a la Contraloría General de la República, en contravención de la ley. Los contratos se firmaron a mediados de 2008 y debían enviarse las copias en un plazo no mayor a diez días de la rubrica. Suxo indicó que es posible que a Catler Uniservice se le haya adjudicado irregularmente el contrato para la construcción de una planta para abastecer el mercado interno y que también hay sospechas sobre los montos desembolsados por YPFB. “Al parecer fue una contratación de manera directa. La empresa no tenía la experiencia para la actividad que se contrató, además parece que contaba con capital de apenas 50.000 bolivianos, cuando tendría que ser una empresa con fuerte capital para semejante obra de construcción de una planta”. Ayer, en un acto de entrega de cheques a alcaldes en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales reiteró que uno de los objetivos de la investigación es determinar adónde iban los 450.000 dólares robados. “Todos sabemos de dónde venía esa plata, del Estado boliviano, de los contratos de Yacimientos”. Diez funcionarios públicos han sido suspendidos por sus posibles vínculos con el caso O’Connor. Entre ellos el viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, y el gerente nacional de Comercialización, Rodrigo Carrasco (ver gráfico). Suxo afirmó que el “panorama se esclarecerá” cuando comience la revisión de los documentos en YPFB, que permanece intervenido. Efectivos policiales resguardan el predio de la empresa en La Paz y las cuatro dependencias de Santa Cruz. Funcionarios del Viceministerio de Transparencia, adelantó la autoridad, ingresarán en las oficinas de Yacimientos hoy desde las siete de la mañana. “Mañana (hoy) nosotros ya estaremos haciendo, por instrucciones del Presidente, una auditoría jurídica para acceder a toda la documentación que se tenga en el departamento legal (de YPFB) sobre este tema. Tenemos que hallar las copias de los contratos”. También fueron suspendidos dos hermanos de la esposa de Santos Ramírez, Jiovana Navia. Juan Carlos y Mario Navia Doria Medina quedaron suspendidos de las funciones que cumplían en YPFB. El primero de ellos había sido transferido a Transredes este año. El día del siniestro, otro hermano de la esposa de Santos Ramírez, Javier Navia, y el primo de ésta Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina condujeron a Jorge O’Connor a un domicilio que tenían en la avenida Tejada Sorzano, donde finalmente sucedió el asalto. Los fiscales asignados a investigar el caso procuran establecer los nexos entre la familia política del dirigente masista y la banda de atracadores que perpetró el asesinato, denominada “Los Rufos”. Suxo indicó que se investigará a los cinco hermanos Navia Doria Medina, incluida la esposa de Santos Ramírez, y también, “lógicamente”, al ex Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En una conversación telefónica con La Prensa, Suxo habló de corrupción pública y daños económicos al Estado como posibles delitos cometidos por Ramírez y otros funcionarios. Este matutino conversó con penalistas y se llegó a identificar once distintos delitos que se han destapado desde la desaparición de Jorge O’Connor. A los delitos de que se sindica a la banda de atracadores (asesinato, robo agravado y asociación delictuosa) se sumarían los delitos cometidos en Yacimientos y también por parte de la empresa Catler Uniservice. Bajo ese criterio, se han cometido corrupción pública, nepotismo, daño económico al Estado, negligencia administrativa, firma de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, infidencia económica y asociación ficticia, pues no se esclareció la situación legal de la sociedad Catler Uniservice (ver tabla). Cuestionan investigación de Suxo contra Ramírez La investigación que el Gobierno encara contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez por presuntos actos de corrupción fue duramente criticada por sectores de oposición que consideran que “una investigación entre masistas no prosperará”. El analista económico Julio Alvarado y el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas comentaron, cada uno por su lado, que “una mano tapa a la otra”, por lo que pidieron una investigación independiente. Tras destituir a Ramírez y sustituirlo por el ex ministro de Planificación, antes de Hidrocarburos, Carlos Villegas, el presidente Evo Morales instruyó intervenir la estatal petrolera y designó a la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, para iniciar una investigación jurídico-legal, tarea que comenzará este lunes. “La viceministra Suxo no puede participar por que es parte interesada, parte del Ejecutivo, es del MAS”, dijo Alvarado, y advirtió que esta investigación puede ser politizada si no actúa una instancia independiente y no comprometida con el partido en función de gobierno. Catler Uniservice tiene antecedentes desde 2008 La empresa Catler Uniservice tiene dos antecedentes de irregularidades desde 2008, una de ellas se refiere a incumplimiento en una obra en Tarija, informó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo. Catler Uniservice es investigada por un contrato con YPFB para la construcción de una separadora de líquidos en Río Grande. Se descubre una irregularidad en este negocio luego del atraco y asesinato del dueño de este consorcio, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, el 27 de enero, en la avenida Tejada Sorzano, donde le arrebatan 450.000 dólares, posiblemente una comisión. “Esta empresa no cumplió con su contrato con la Prefectura de Tarija —explicó Suxo— y hay un informe del departamento de Auditoría de esa Prefectura en la Contraloría”. Este hecho fue denunciado al Viceministerio de Transparencia a principios y mediados de 2008. Suxo indicó que O’Connor tenía como socios a su hermano Miguel O’Connor D’Arlach, al hermano del Prefecto de Tarija (Mario Cossío) Pablo Cossío Cortez y a Víctor Sánchez Grandchant, éstos a su vez forman diferentes empresas accidentales aglutinadas en el Consorcio Tarija, al que la Prefectura de ese departamento adjudica obras. La Viceministra, al cuestionar a quienes eran ejecutivos de YPFB, dijo que “ya había antecedentes contra esta empresa; sin embargo no se preguntó y no se consultó si existía o no alguna observación”. Indicó que Catler Uniservice es una empresa accidental porque fue formada “precariamente” con un capital de 50.000 dólares y no estaba capacitada para responder por obras de gran envergadura para el Estado, como la planta de Río Grande. “Se tiene que investigar los antecedentes —apuntó—, si tiene contratos incumplidos, si tiene la capacidad, la infraestructura en personal y maquinaria, todo refrendado con documentación”. La Viceministra informó que ella en persona inició la investigación el jueves, visitó las oficinas de YPFB y el entonces presidente de esa institución, Santos Ramírez, mediante su jefa de Gabinete, Esther Carmona, le respondió que él personalmente le entregaría una copia del contrato con Catler Uniservice, esto a fin de conocerse el proceso de la licitación y la adjudicación, pero no se cumplió aquello y el viernes nadie dio la cara. Fracaso El constitucionalista Carlos Alarcón aseguró que el Gobierno ha fracasado en su política de hidrocarburos porque en los tres años y días de gestión Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo cinco presidentes, de los cuales cuatro estuvieron implicados con actos irregulares. “Tiene que ver con el fracaso de la política de hidrocarburos, el gran engaño que se ha hecho al pueblo de Bolivia al vender esta política de hidrocarburos de la nacionalización, porque ¿cuál era el emblema de esta política de hidrocarburos?, era la refundación de Yacimientos”. El analista y ex activista por el No a la nueva Carta Magna Jorge Alvarado coincidió con Alarcón y criticó también el hecho de que Santos Ramírez haya sido sustituido por el ex ministro de Hidrocarburos y más recientemente de Planificación Carlos Villegas. Alvarado declaró a la Agencia de Noticias Fides que “el señor Villegas ya fue ministro de Hidrocarburos y su gestión no fue de las más exitosas, por eso el Presidente (Evo Morales) lo cambió y ahora nuevamente lo toma. Llama la atención que el Gobierno y el MAS no tenga gente preparada en materia de hidrocarburos y siempre tenga que recurrir a las mismas personas que demostraron que no son competentes en esta materia”. Repercusiones “El Gobierno nacional no va a permitir el brote de ninguna clase de acto de corrupción al interior de las instituciones del Estado boliviano. Mucho menos al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se continuará con las investigaciones” Alfredo Rada Ministro de Gobierno “Este caso en particular va a ser aclarado por el Ministerio Público, nos ponemos a orden del Ministerio Público para lo que se requiera, el Viceministerio de Transparencia va a dar esa información, va a transparentar Yacimientos. El Gobierno es claro: cero corrupción” Wilfredo Chávez Viceministro de Justicia “Los bolivianos y bolivianas no nos merecemos esto, debemos exigir las condiciones para una investigación imparcial. Tengo serias dudas para que el Viceministerio (de Transparencia) esté encargado de aclarar el caso, porque es juez y parte” Víctor Hugo Cárdenas Ex vicepresidente de Bolivia “Exigimos la erradicación de la corrupción en YPFB. Las garrapatas del neoliberalismo se estaban apegando al proceso de cambio y por eso en esta última metida de pata se hizo quedar mal nuevamente a esta lucha desde las bases para erradicar la corrupción” Édgar Patana COR de El Alto Posibles delitos Asesinato. La investigación del Ministerio Público estableció que Rufino Rodríguez disparó contra Jorge O’Connor D’Arlach a diez centímetros. La bala entró por la boca y salió por el cuello. O’Connor falleció cuando era trasladado al hospital. Robo agravado. Las cinco personas detenidas, Ernesto y Fernando Córdoba Santiváñez; Rufino Rodríguez; su esposa, Sandra Verónica Mamani, y Franz Rodríguez, también son acusadas del “volteo” de 450.000 dólares. Hasta ahora se han recuperado únicamente 80.000, durante la captura de los Rodríguez en Cochabamba. Asociación delictuosa. Los hermanos Córdoba contactaron a “Los Rufos” para efectuar el atraco. Se planearon los detalles el operativo en la casa de Fernando “Ticoco” Córdoba. Nepotismo. Dos hermanos de la esposa de Santos Ramírez trabajaron en YPFB. Jiovana Navia Doria Medina es diputada suplente del MAS. Corrupción pública. Las denuncias y las investigaciones hablan de un soborno a favor de los familiares políticos de Ramírez. Daño económico al Estado. El presidente Evo Morales afirmó que los 450.000 dólares robados eran dinero “del pueblo boliviano”. La viceministra anticorrupción, Nardy Suxo, informó que hay indicios de desembolsos irregulares. Negligencia administrativa. Ramírez no envió copias de los contratos a la Contraloría ni al Viceministerio de Transparencia. Contratos lesivos al Estado. Catler Uniservice puede no estar capacitada para cumplir el contrato que se le adjudicó. Conducta antieconómica. Infidencia económica. La investigación apunta a un soborno o de tráfico de datos. Asociación ficticia. No se precisó si Catler es una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) o una sociedad accidental. Cronología 27 de enero: en un atraco asesinan a Jorge O’Connor D’Arlach y se llevan 450.000 dólares. 28 de enero: Rufino Rodríguez, su esposa y Franz Rodríguez son capturados. 29 de enero: el juez Williams Dávila determina el traslado de éstos a la prisión. 31 de enero: el juez Constancio Alcón ordena la detención de Fernando Córdoba. Las investigaciones El Ministerio público creó una comisión de fiscales para que indaguen en el caso. El Senado creó una comisión especial para investigar la corrupción en Yacimientos. El Viceministerio de Transparencia iniciará hoy una auditoría financiera y una jurídica.