|  | | Pesquisas: Javier Navia (der.), durante el allanamiento de su casa en la calle Iturralde, el miércoles |
Un ex Constituyente también dice que Santos Ramírez y su esposa son socios de Khantati.
La investigación sobre el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor, a raíz de los cuales se destapó una supuesta red de corrupción en YPFB e irregularidades en la firma de un contrato, da indicios de que los 450.000 dólares que le fueron robados el martes 27 de enero eran para la fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Santos Ramírez, quien además sería su propietario.
En la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz aseguran tener el documento que certifica una relación entre esa organización privada y el ex Presidente de la estatal petrolera.
El ex constituyente Emilio Gutiérrez (UN), quien se alió al MAS para promover el Sí a la Constitución Política del Estado, también declaró a la agencia alemana DPA que el ex titular de Yacimientos en sociedad con su esposa, la diputada Jiovana Navia, y otros parlamentarios del MAS están a cargo de la fundación Khantati que se dedica a construir viviendas sociales.
La abogada de Jiovana Navia, Teresa Montaño, desconoce esos posibles nexos porque no habló sobre ello con su defendida. Anunció que esas interrogantes y otras irregularidades que se le atribuyen a la parlamentaria masista serán absueltas hoy en una conferencia de prensa.
Según las indagaciones preliminares, el día del atraco y asesinato de O’Connor, Javier Navia Doria Medina y su primo Gonzalo Aramayo guiaban al empresario a la casa de este último, ubicada en la avenida Tejada Sorzano, donde al parecer debían depositar los 450.000 dólares que momentos antes había retirado la víctima del Banco Unión.
Las pesquisas apuntan a que el dinero era una “comisión” para Santos Ramírez porque había favorecido la contratación de la sociedad Catler-Uniservice con YPFB para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), que tiene un costo total de 83,6 millones de dólares.
Fue el presidente Evo Morales quien confirmó la información periodística en sentido de que los 450.000 dólares salieron del Tesoro y pidió indagar a quién estaban destinados.
Luego de que O’Connor, Javier Navia, Gonzalo Aramayo y otros llegaran a ese domicilio, fueron interceptados por los atracadores y se produjo el forcejeo. Los malhechores dispararon contra empresario y tras arrebatarle el dinero escaparon.
Tras presenciar ese hecho y lamentar lo ocurrido, Javier Navia Doria Medina aseguró a un periodista de La Prensa que el dinero “era para la fundación”.
Al día siguiente, de boca de esa misma persona, este periódico conoció que se trataba de la fundación Khantati, ubicada en el edificio Ballivián. La Prensa acudió a ese lugar en más de tres ocasiones. En el piso 10, oficina 8, sólo hay un letrero con la inscripción fundación Khantati. Al tocar, nadie atiende el llamado.
Según Marcelo Ugarte, abogado de uno de los hermanos de la pareja de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, y de su primo Gonzalo Aramayo, ambos forman parte de Khantati. El primero es presidente y el segundo integra el Directorio.
Negó vínculo entre esa fundación y Ramírez, y dijo tener los documentos de constitución de la sociedad. Aseguró que esa organización se dedica a proyectos de vivienda social.
Explicó que esa institución privada se encarga de preparar las carpetas de los proyectos para que después puedan ingresar en alguna licitación.
Dijo que desde 2007, año en que comenzó a operar, ya realizaron entre cinco y siete proyectos en las ciudades de Cochabamba, El Alto y otras poblaciones del altiplano paceño, y que éstos se encuentran registrados en el Viceministerio de Vivienda.
El viceministro de Vivienda, José Antonio Lambertín, aseguró a Cadena A que Khantati no figura en los planes de vivienda social. Esa organización, según datos de ese medio televisivo, fue constituida en Potosí.
El hermano de Javier Navia, Juan Carlos, dijo desconocer las actividades de sus parientes en esa institución privada.
Otra versión
Según la versión de Ugarte, el 27 de enero, día en que O’Connor fue asaltado y victimado, éste debía sostener una reunión con sus defendidos, Javier Navia y Gonzalo Aramayo, en el domicilio de este último para “obtener una información que tiene que ver con proyectos de vivienda”.
Explicó que el empresario tarijeño mostró interés para formar una alianza estratégica con Khantati a fin de encaminar estos planes de vivienda.
Según el abogado, precisamente en la computadora que fue secuestrada en el allanamiento de la casa de Aramayo, que se llevó adelante el martes, están los datos informáticos de los proyectos de vivienda.
Aseguró que el ordenador servirá para contrastar la declaración de su cliente y se constituirá en el elemento probatorio correspondiente.
Afirmó que sus defendidos desconocían que O’Connor llevaba consigo dinero en efectivo e insistió en que “lo que se tenía que hacer era una transferencia de información en ese inmueble, pero de dinero absolutamente nada ; ellos desconocen siquiera los recursos que estaba manejando el señor”.
Según su versión, no era la primera vez que se citaban para hablar sobre ese asunto.
Seguirán declaraciones de Javier Navia y Aramayo
Javier Navia Doria Medina, hermano de la esposa de Santos Ramírez (Jiovana Cristina), continuará hoy su declaración informativa en la investigación por corrupción pública. Su primo Gonzalo Aramayo también fue citado por la Fiscalía en el marco del proceso. Ambos están implicados porque al parecer forman parte de una red de corrupción en YPFB que favoreció la firma de un contrato con la sociedad Catler-Uniservice.
Entre los supuestos delitos por los que se los investiga están contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, cohecho activo y cohecho pasivo. Las indagaciones están referidas a la contratación de la sociedad Catler-Uniservice que se adjudicó la construcción de la planta de separación de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Javier Navia y Gonzalo Aramayo se encontraban junto al empresario Jorge O’Connor el 27 de enero, día en que fue asesinado y le arrebataron 450.000 dólares del Estado que supuestamente eran para pagar una comisión a Santos Ramírez.
Navia y Aramayo ya declararon anteriormente, aunque en el proceso que fue abierto por asesinato y robo agravado. El abogado de ambos, Marcelo Ugarte, aseguró que sus defendidos están dispuestos a declarar para esclarecer los hechos.
Aclaró que la sesión de ayer fue suspendida para hoy porque los fiscales realizan una labor investigativa profunda. Dijo que sus clientes presentaron hasta el momento al menos tres declaraciones, asistieron a la reconstrucción de los hechos, allanamientos de sus viviendas y requisa personal.
Los hechos
El martes 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor fue asesinado en el zaguán de una casa.
El hecho ocurrió en la avenida Tejada Sorzano. Tenía en su poder 450.000 dólares.
Estaba acompañado por Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo.
También estaban con ellos Marío Cossío, Fernando Córdoba y Miguel O’Connor.
Ese hecho destapó supuesta corrupción en YPFB e irregularidades en la firma de un contrato.
El acuerdo entre Yacimientos y la sociedad Catler-Uniservice se firmó en julio de 2008.
A la fecha, al menos cuatro instancias iniciaron procesos de investigación.
La Fiscalía, el Senado, la Contraloría y el Gobierno quieren esclarecer este hecho.
El Ministerio Público prevé presentar un informe el martes de la próxima semana.
Se efectuaron ocho allanamientos en los domicilios de los presuntos involucrados.
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