YPFB pide a supremos dar nulidad al contrato

El presidente de YPFB informó que se presentó una demanda de nulidad del documento ante el Órgano Judicial en Sucre. Fernando Córdova dice que explicará el destino de los $us 450.000.

• LA INVESTIGACIÓN • Carlos Villegas abandona la Fiscalía tras declarar sobre el caso de corrupción en YPFB, en marzo. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad del cuestionado contrato suscrito con el consorcio Catler-Uniservice, para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz). “Vinimos a presentar una demanda de nulidad de contrato suscrito entre YPFB y la empresa accidental Catler-Uniservice. Presentamos (la demanda) a la Corte Suprema de Justicia con un sustento documental importante en términos de señalar que este contrato se suscribió en un marco de anomalías e irregularidades y vulneración permanente a normas vigentes en YPFB, como a las normas vigentes en el país”, informó en Sucre Carlos Villegas, presidente de la estatal. La autoridad afirmó que con esta acción, más los procesos administrativos que se emprendieron para resolver el caso, se garantiza la construcción de la planta separadora de gas, proyecto vital para garantizar la provisión interna del energético. Carlos Villegas recordó que a principios de este mes, el directorio de Yacimientos decidió anular el proceso de contratación de Catler-Uniservice para la ejecución de la obra. “En la reunión que tuvo cuando anuló el proceso de contratación, el directorio me instruyó, como presidente de YPFB, tomar todas las medidas técnicas, legales, financieras y económicas para asegurar la instalación de la planta de separación”, recordó la autoridad. El contrato con Catler-Uniservice fue suscrito el 14 de julio del 2008. El proyecto tiene un costo de $us 86,3 millones y, para su ejecución, se creó un fideicomiso por $us 45 millones. Sin embargo, las presuntas irregularidades en torno al documento salieron a la luz, tras el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, uno de los representantes del consorcio, el 27 de enero del 2009. Los asesinos del ejecutivo se llevaron $us 450.000 que, se presume, estaban destinados a una comisión ilegal que se entregaría al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por la adjudicación de la obra. El hecho le costó el cargo al ex dirigente masista, que hoy guarda detención preventiva en el penal de San Pedro. A raíz de lo sucedido, investigaciones realizadas por una comisión de senadores, la Fiscalía y la misma YPFB revelaron que el consorcio fue creado y recomendado para la obra tres días antes de la firma del contrato. Las indagaciones también revelaron que el documento no fue protocolizado, ni autorizado por el directorio de YPFB. Además, se dio a conocer que se hicieron ajustes al contrato a medida de la empresa incluso en enero. También se conoció que la estatal petrolera, y no Catler-Uniservice, abrió una carta de crédito por $us 35 millones a nombre de la sociedad accidental para garantizar el pago a una de las compañías subcontratadas para fabricar la planta. Esto puso en evidencia la falta de capacidad financiera del consorcio para emprender el proyecto. El presidente de la empresa petrolera ha anunciado que aguardará el desarrollo del proceso iniciado ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, para el consorcio, el contrato aún está vigente, por lo que a principios del mes comunicó a la estatal su intención de iniciar un proceso arbitral para la resolución del documento, alegando incumplimiento de pagos. “Voy a decir todo lo que sé” Luis Fernando Córdova Santiváñez, acusado de ser el autor intelectual del volteo de $us 450.000 y del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, anunció que revelará a la Fiscalía el destino de ese dinero. “No favorezco a nadie, sólo voy a hablar la verdad y toda la verdad, lo que yo sé... En su momento van a tener conocimiento de para qué se ha llevado el dinero. Voy a hablar en la declaración que se ha suspendido hoy (ayer) para qué era el dinero”, manifestó Córdova. Se presume que los $us 450.000 eran para una coima para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haber adjudicado una obra a la empresa de O’Connor D’Arlach. Córdova, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, se presentó ayer a declarar en la Fiscalía, en el marco de la indagación de fortunas de los implicados en el caso, iniciada a solicitud de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). En febrero, Luis Fernando Córdova se acogió al derecho del silencio. “Voy a coadyuvar en la investigación. El Ministerio Público ya tiene conocimiento y voy a volver a declarar la próxima semana”, dijo ayer. GARANTÍAS Pedido • Tras la anulación del proceso de contratación de Catler-Uniservice, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó la ejecución de las pólizas de garantía abiertas en tres empresas aseguradoras. Montos • La sociedad abrió dos pólizas de $us 1,6 millones cada una, en Credinform y Seguros Illimani, por concepto de correcta inversión de anticipo; y una tercera, de cumplimiento de contrato, por 6,04 millones de dólares, en Bisa Seguros.