Evo enjuicia a La Prensa por decir la verdad

Como corresponde a nuestro ordenamiento legal, debería abrirse un proceso ante el Tribunal de Imprenta, donde La Prensa presentará todos los descargos que correspondan… El Gobierno del presidente Evo Morales presentó una demanda judicial contra esta casa periodística por una información publicada, en diciembre de 2008, sobre el bullado caso de los 33 camiones con mercadería de contrabando detectada en el departamento de Pando. Piensa enjuiciar a este medio por decir la verdad. El martes 9 de diciembre, La Prensa publicó un titular principal en su portada que decía: “Evo negoció ‘luz verde’ con contrabandistas dos meses antes”, que se sustentó en un reportaje publicado en sus páginas interiores. Dicha información tuvo como sustento una investigación periodística que utilizó documentos elaborados por la Aduana Nacional y dos cartas firmadas por dirigentes del grupo involucrado en dichos hechos delictivos que revelaban las reuniones y negociaciones entabladas con las más altas autoridades del Gobierno nacional para “resolver” el caso de contrabando. Este periódico ratifica el contenido de dicha portada, de la nota que lo sustenta y de todo el proceso de investigación que llevaron adelante los periodistas y editores de las diferentes áreas sobre este caso, el que supone un daño al Estado, motivo principal del interés público sobre el manejo estatal de aquello que le pertenece a todos los bolivianos. En ninguna de las notas publicadas se acusa al Primer Mandatario de haber cometido delito alguno. “Negociar”, así lo dice el Diccionario de la Real Academia Española en una de sus acepciones, es “tratar o discutir un asunto para procurar su mejor logro”. El mismo Evo Morales reconoció, durante un acto público en Pando, y en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Gobierno —el mismo 9 de diciembre—, que había sostenido conversaciones con los dirigentes del grupo de personas acusadas de hechos delictivos gravísimos. ¿Qué se habló en dichas conversaciones? Las cartas publicadas por La Prensa señalan con claridad que se buscaba “resolver” el asunto de los 33 camiones detenidos en Cobija. Eso es lo que se publicó. Entonces, el que tiene que dar explicaciones sobre sus actos es el mismo Presidente y sus ministros, no La Prensa. Este medio cumplió su función social que es informar sobre hechos que son de interés público, no podía hacer otra cosa, si no quería fallar a su mandato fundamental. El hecho es que el Gobierno ha decidido activar una demanda ante la Fiscalía. Como corresponde a nuestro ordenamiento legal, debería abrirse un proceso ante el Tribunal de Imprenta, donde La Prensa presentará todos los descargos que correspondan para defender la verdad. Consideramos que esta demanda forma parte, además, de la ofensiva política que el Ejecutivo y el MAS han desatado contra los medios de comunicación y los periodistas que están buscando la verdad y están denunciando hechos de corrupción. Hay, por ello, una afrenta contra la libertad de expresión que vamos a denunciar ante las entidades nacionales e internacionales que defienden los derechos fundamentales. Vamos a defendernos y, sobre todo, vamos a decir la verdad, pese a quien pese.