Uribe apuesta a penalizar el consumo de cocaína

COLOMBIA • Sugiere la reclusión en centros de rehabilitación para los consumidores.

• PRESIDENTE • Álvaro Uribe durante un acto en Bogotá. Después de cuatro intentos fallidos para penalizar la posesión y el consumo de drogas, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha dado un paso atrás en su vieja batalla por llevar a la cárcel a los consumidores de drogas. La apuesta, ahora, es llevar a los drogadictos a tribunales de tratamiento. Allí, un grupo interdisciplinar de expertos determinará si el infractor debe internarse de manera obligatoria en un centro de rehabilitación. Uribe ya ha presentado al Congreso un acto legislativo para reformar la Constitución y establecer la prohibición de la posesión y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El segundo paso es un proyecto de ley que convertirá esta tenencia y consumo en contravención, delito menor, que implicaría reclusión en centros de rehabilitación. Esta alternativa fue presentada por Colombia en la reciente Asamblea de la ONU sobre las drogas en Viena. Estos tribunales “tendrán fines de prevención y rehabilitación” y, según lo prevea la ley, establecerán medidas “con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico”, según el Ministerio de Interior y Justicia. En Colombia, primer productor de cocaína del mundo, el número de adictos aumentó en los últimos años. Recientes estudios señalan que ya pasan de 500.000. Hace dos años se encendieron las alarmas: entre el 9% y el 10% de los jóvenes de colegios consumían droga. El País de Madrid Fallo por un apoyo a las FARC La Corte Suprema de Dinamarca condenó ayer a varios meses de cárcel en suspenso a cinco daneses y a un mes de prisión firme a otro por vender camisetas en beneficio de la guerrilla colombiana de las FARC y del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP). El presidente de la Corte, Tolben Melchior, y los seis jueces consideraron que los inculpados transgredieron el artículo 114B de la ley sobre terrorismo al apoyar financieramente a estas organizaciones que figuran en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La legislación danesa antiterrorista del 2002, adoptada a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en EEUU, prohíbe la financiación directa o indirecta de movimientos terroristas y quien la infringe puede ser condenado a hasta 10 años de prisión. Los magistrados confirmaron el veredicto precedente de septiembre del 2008 de la Corte de Apelaciones. Copenhague, AFP