La ONU halla en Pando indicios de ejecuciones

El informe señala que la masacre contra campesinos y normalistas es una grave violación a los DDHH cometida por los funcionarios y los seguidores de Leopoldo Fernández. Pide para él un debido proceso.

• ENTREVISTA • Denis Racicot conversa con La Razón, en una sala del hotel Radisson, de la ciudad de La Paz. Fue el miércoles. El informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia sobre los hechos de violencia ocurridos en Porvenir en septiembre del 2008, establece que algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente por seguidores de la Prefectura, y posteriormente ejecutados. El 11 de septiembre, la violencia se desató cuando una caravana de campesinos y normalistas que se dirigía a un encuentro en Cobija fue interceptada por gente afín a la Prefectura en Porvenir. La redacción del informe de la ONU no afirma categóricamente que eso haya sucedido, y lo escribe en condicional. Según afirmó en una entrevista con este medio el representante en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, el informe se basó en entrevistas realizadas a normalistas, campesinos, funcionarios de la Prefectura y también al prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro. “Frente a los hechos acaecidos en Porvenir y el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando”, advierte el documento. Sin embargo, complementa que “la justicia deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto” y de la gente vinculada a él “que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace” de los sucesos. Además, sugiere la indagación sobre “el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la Prefectura. Según el informe, como producto de la violencia fallecieron 11 personas y 50 resultaron heridas, aunque aclara que fueron “principalmente campesinos”. En base solamente a declaraciones reunidas, y con la admisión a este medio de que ni siquiera se tienen informes forenses realizados con un mínimo de profesionalismo, Racicot aseveró en la entrevista que “se ha hecho una persecución. En ese contexto, cuando uno mira los nueve muertos que fueron campesinos, tres normalistas y seis campesinos, (se concluye que) cuatro son líderes importantes en su comunidad”. El informe advierte textualmente que “algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados; el señor Bernardino Racua Cordero, que habría fallecido a una cuadra del puente Cocama (Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón...”. “Racua era una gran figura, un hombre de larga trayectoria comunitaria, dedicado a la lucha por la tierra. Habría sido identificado y buscado, lo que genera el indicio que lleva a suponer que las personas lo individualizaron y luego lo mataron”, aseveró el representante Racicot. El informe menciona a Diter Tupa Maty, vocal de la subcentral de Espíritu de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. “Fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por un trauma cráneo facial producido por arma de fuego. Complementa que, “según el informe forense, Celedonio Vazueldo García, quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego”. También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. “Según los informes forenses, estas personas serían Félix Roca, campesino de base de la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia”. Sobre la muerte del funcionario prefectural Pedro Oshiro, menciona que uno de los fiscales “que participó en la investigación y según el informe forense, el ingeniero Oshiro murió por un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la carretera que conecta Puerto Rico-Tres Barracas-Porvenir, a unos 400 metros de la zanja”. Además, como no hizo en los casos de los dirigentes, el informe pone las versiones de los campesinos, que dijeron que encontraron a Oshiro en el camino, y la de gente afín a la Prefectura, que advierte que murió al escapar de los campesinos. Los datos Las víctimas • Hasta el momento y según los datos del Ministerio Público, los incidentes de Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos once personas (seis campesinos y tres normalistas) La lista • Bernardino Racua Cordero, Diter Tupa Maty, Celedonio Basualdo García, Félix Roca Tórrez, Wilson Richard Mejía Miahata, Arnoldo Gonzales Inuma, Wilson Castillo Quispe, Alfonso Cruz Quispe y Johnny Cari Sarzuri; y dos partidarios de la Prefectura: Pedro Oshiro y Alfredo Robles Céspedes). Hubo unos 50 heridos. Recomendaciones 1 Un proceso penal serio e imparcial, que se inscriba en el debido proceso y sin dilaciones indebidas. 2 Investigar los sucesos de Cachuelita, el del aeropuerto y las dos muertes y la quema de la Alcaldía de Filadelfia. 3 Asegurar el acceso a la justicia a las víctimas y garantizar que reciban una adecuada y justa reparación. 4 Investigar a nivel administrativo y disciplinario a los encargados de hacer cumplir la ley y las medidas que tomaron. 5 Garantizar la seguridad de los testigos a fin de que puedan contribuir. 6 Investigar si la fuerza utilizada por los encargados de las detenciones a los confinados fue la necesaria. 7 Otorgar garantías judiciales a las personas que, luego de ser confinadas, enfrentan procesos judiciales. 8 Asegurar en este tipo de situaciones, la coordinación entre Policía y FFAA. 9 Garantizar la presencia efectiva de todas las instituciones del Estado en Pando. 10 Aprobar una ley regulatoria de los estados de emergencia, incluido el estado de sitio en sujeción a las normas constitucionales. 11 Garantizar las condiciones de seguridad que favorezcan el retorno de las personas a sus comunidades. 12 Promover la independencia del Poder Judicial y designar magistrados del Tribunal Constitucional. 13 Continuación del trabajo técnico especializado de los fiscales de materia en la investigación de los hechos. 14 Adoptar medidas necesarias para evitar la repetición de hechos similares.