Las medidas laborales del Gobierno tienen intención electoral y política

LOS RESIDUOS QUE DEJA LA ACTIVIDAD MINERA CONTAMINA EL RÍO HUANUNI EN ORURO.

Oruro, (EL DIARIO).- Con las últimas disposiciones laborales, sobre la indemnización, el Gobierno ha vulnerado la Ley de Inversiones, además que se considera un atentado a la economía de la empresa privada y una medida política electoralista, según afirmó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Luis Ramiro García Pérez.

“Nos preocupa porque, lamentablemente, con esta medida se afecta el tema de las empresas, porque ahora deberá aprovisionarse la liquidación de los trabajadores a partir de los noventa días, lo que no estaba contemplado en la anterior ley”, sostuvo.

Indicó que la nueva medida tiene un costo adicional sobre la mano de obra, porque si bien antes se esperaba los cinco años para cancelar el beneficio del quinquenio, cuando el retiro es voluntario, y a partir de ahora no, afectará porque se deberá tomar previsiones.

Dijo que las disposiciones laborales no obligan al Gobierno al pago de beneficios a los trabajadores que se retiran o que son retirados por el sistema laboral público, sin embargo, en el sector privado los trabajadores al margen de tener el beneficio de liquidación por año trabajado, también tiene el socorro del desahucio.

Aclaró que el desahucio es un costo adicional (el equivalente al salario de tres meses) que el trabajador recibe cuando el empleador le retira, lamentablemente esta medida afecta la competitividad de las empresas, y esto hace que no todas puedan cumplir con estos requisitos.

Aclaró que la realidad del empresariado privado no es uniforme. “Hay empresas que sí podrán hacerlo y otras no podrán hacerlo como el caso de la minería, en el momento actual se vive una dura crisis y encarecer sus costos de mano de obra afecta, también, a los resultados de la empresa”.

Dijo que la situación será motivo de un análisis de parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y a partir de ese momento se verá qué medidas serán tomadas o cómo se aplicará el nuevo Decreto Supremo.

POLÍTICA

Luis Ramiro García señaló que se considera una medida política con tinte electoral porque lamentablemente se busca darle un premio o regalo al trabajador con recursos de privados y no así los estatales.

Anotó que, sin embargo, la crisis en el sector privado se agudiza y cada vez se tienen menos empresas que puedan generar empleo.

Sostuvo que, en realidad, todas la medidas que se establecieron en esta gestión de Gobierno fueron contraproducentes a la iniciativa privada. “Todos los primeros de mayo se esperan medidas que sabemos afectarán al sector privado”.

Lamentó que el Gobierno no tenga una visión de fortalecimiento del aparato productivo y esa situación conduce a que en el país no existan más empresas capaces de dar empleo a los bolivianos.

García espera que haya esperanza de que estas medidas no estén orientadas a hacer desaparecer la iniciativa privada en Bolivia, porque sin aparato productivo privado este país difícilmente podrá salir adelante.

Mencionó que “las medidas hacen ver que tenemos un Gobierno que con prioridad atiende el tema político y no así las obligaciones de orden económico”.