Gobierno oficializa que 2.000 familias irán a Pando en agosto

Informe: el viceministro Alejandro Almaraz explica los alcances del programa de asentamientos humanos

El plan incluye algunas prohibiciones, como el cultivo de soya, que afecta la ecología de la región.

El Ejecutivo oficializó que el primer contingente de colonos, compuesto por 2.000 familias, partirá a Pando en agosto. Las personas que serán trasladadas representan el 15 por ciento de los votantes habilitados para sufragar en esa región.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, negó que el programa de asentamientos comunitarios promovido desde su despacho busque mejorar la votación del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de diciembre.

Ayer, en una conferencia de prensa, la autoridad informó que se trasladará “en un primer momento” a 2.000 familias a partir de agosto a zonas fronterizas con Brasil y Perú.

Almaraz explicó que las familias beneficiadas recibirán en promedio 70 hectáreas. Estas personas provendrán de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Un segundo contingente partirá en el curso de los siguientes meses. El proyecto preliminar de asentamientos dispone que 4.068 familias serán trasladadas e incluye al departamento de Potosí.

Si se considera a dos personas por núcleo familiar en condiciones de votar en diciembre, los colonos sumarán 4.000 en el primer grupo.

El Órgano Electoral estima que la cantidad de votantes en Pando alcanza a 26.000 ciudadanos, si se considera a los casi 5.000 que no votaron en el referéndum constituyente de enero. Así, 4.000 votantes representan alrededor del 15 por ciento.

En el transcurso de la semana, la oposición parlamentaria y los comités cívicos de Pando, Beni y Santa Cruz cuestionaron el proyecto oficialista, pues entienden que apunta a que el MAS gane las elecciones en el departamento e incremente su presencia en la Asamblea Legislativa.

Consultado sobre el rechazo de pobladores e instituciones pandinas al plan, Almaraz señalo que esta posición representa “los tristes deseos de opositores derrotados. Estamos cumpliendo un derecho constitucional que tienen los campesinos bolivianos a recibir la tierra. Estos objetivos no pueden postergarse por cálculos electorales”.

Entre las organizaciones que rechazan la iniciativa se cuenta a movimientos sociales y campesinos amazónicos.

El Viceministro afirmó que la dotación de tierras a familias pandinas ya se ha realizado y se llegó a entregar hasta 500 hectáreas por persona. El 2 de agosto de 2008, el INRA concluyó el saneamiento departamental.

Las familias de inmigrantes se asentarán en 200.000 hectáreas distribuidas en las provincias Abuná y Federico Román. En la región hay 700.000 hectáreas de tierras fiscales disponibles.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Viceministerio de Tierras, el 87 por ciento de los “asentamientos productivos comunitarios” se dedicará a actividades de recolección de castaña, goma, majo y asaí.

La décima parte de los nuevos pobladores sembrará plátano, cayú, cacao y café; 2,25 por ciento trabajará en plantaciones de frijol, maíz, arroz y yuca, pero no se permitirá que se cultive productos que afecten la ecología regional, como la soya.

Almaraz garantizó que el Estado brindará las condiciones necesarias (caminos, servicios básicos, medicina) para que las familias se instalen. Para tal efecto, el Gobierno destinará los recursos necesarios. El monto será anunciado por el Viceministro en la siguiente semana.

El secretario ejecutivo del Movimiento Sin Tierra (MST), Vladimir Burgos, denunció que la tierra será entregada solamente a partidarios del partido de Gobierno. Afirmó que los afiliados a su movimiento plantearon más de mil solicitudes ante el INRA para acceder a tierras fiscales disponibles sin haber obtenido respuestas.

Almaraz anunció que hoy se desalojará “de un momento a otro” a las comunidades menonitas asentadas en Beni, porque ocuparon tierras estatales que serán entregadas a campesinos.

Esta colectividad mantiene un conflicto con el Gobierno por la posesión de tierras en el Beni.

Campesinos pandinos temen llegada de cocaleros

Dirigentes de la Federación de Campesinos de Pando denunciaron que pobladores del Chapare están incluidos en el grupo de familias que será trasladado al departamento dentro del programa de asentamientos y expresaron su preocupación por que los colonos inicien el cultivo de coca en la amazonia.

El secretario de Conflictos de la entidad, Manuel Lima, aseguró que autoridades del Ejecutivo revelaron que hay un bloque de chapareños entre las 2.000 familias que llegarán a Pando.

La información no fue desmentida por el director general de Distribución de Tierras, Clíver Rocha, quien explicó a La Prensa que hay pobladores del Chapare en el grupo de los beneficiarios.

“Se está entregando tierras a los bolivianos más necesitados. Se aplicaron los estudios realizados por el Viceministerio y existen ciudadanos del trópico de Cochabamba. No quiero dar a conocer porcentajes para evitar especulaciones infundadas. Lo importante aquí es que estamos colaborando a los bolivianos que se encuentran en la pobreza”.

Empero, en el Chapare no existe el problema del minifundio o el surcofundio como en el altiplano.

El Bloque de Campesinos de la Amazonia Boliviana se reunirá entre el jueves y el viernes para definir medidas de presión ante la inminente llegada de colonos. Pobladores del norte de La Paz, Beni y Pando se reunirán en Cobija. Lima señaló que exigirán una audiencia con el presidente Evo Morales para discutir el programa de asentamientos.

Erbol informó que los indígenas de la etnia pacahuara solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 100.000 hectáreas de tierras fiscales disponibles en el departamento de Pando, aunque según datos de estudios independientes este grupo está formado por sólo 25 individuos.

OEP recibirá hoy demanda

El Centro de Acción Pandina (Comité Cívico) hará llegar hoy al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) un recurso contra el programa de asentamientos humanos promovido por el Viceministerio de Tierras. El documento denuncia que el Gobierno pretende trasladar gente ilegalmente para que vote en Pando.

La asesora legal del Comité, Carmen Gonzales, informó que la demanda se apoya en el artículo 202 del Código Electoral, que define como delito el movimiento masivo de ciudadanos con el objetivo de que emitan su voto en algún lugar que no sea su domicilio.

Los cívicos han anunciado su rechazo al proyecto de asentamientos bajo el argumento de que el MAS apunta a aumentar su proporción de votos. El presidente de la entidad, Herbert Salvatierra, informó que se opondrán frontalmente a un proyecto que “busca consolidar un régimen totalitario en Pando”.

Consultada por La Prensa el viernes, la vocal Roxana Ibarnegaray indicó que el OEP no se pronunciará al respecto mientras no reciba una denuncia sobre el caso.

El artículo 202 del Código Electoral dispone que se recluirá dos años a “la autoridad política o administrativa, funcionario público, dirigente político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de personas con la finalidad” de que sufraguen en lugar distinto al de su domicilio.

Otros datos

El futuro plan de asentamientos humanos comprende al departamento del Beni.

En esa región, el Gobierno expulsará a los menonitas para que se colonicen su tierras.

Los menonitas mantienen en Beni un conflicto de tenencia de tierras con el Ejecutivo.

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