YPFB da el primer paso para anular el contrato de Ramírez

El directorio de la estatal anuló el proceso de contratación del consorcio para construir la planta separadora en Río Grande. Se apunta a lograr un acuerdo con las tres subcontratistas. Esther Carmona fue detenida por el caso SIPSA.

• EL ANUNCIO DE LA ESTATAL • Rodeado por el directorio de YPFB, Carlos Villegas (centro) habla con los medios que acudieron ayer a la conferencia de prensa en el edificio en La Paz. El directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dio ayer el primer paso para invalidar el contrato con Catler-Uniservice, al anular el proceso de contratación del consorcio para la construcción del proyecto de la planta separadora de líquidos en Río Grande. La información la dio a conocer ayer el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, en una conferencia de prensa que ofreció, acompañado por miembros del directorio. Anunció que desde hoy se ejecutarán las acciones que correspondan para evitar daños económicos al Estado. El contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice el 14 de julio del 2008, por 86,3 millones de dólares, fue calificado de ilegal e irregular por diferentes autoridades del Ejecutivo, debido a que las autoridades responsables del proceso no cumplieron con los procedimientos establecidos por las normas. La adjudicación tampoco tuvo la aprobación del directorio de la petrolera. Fernando Vincenti, representante por el Ministerio de la Presidencia en el directorio de YPFB, señaló que en el marco de sus competencias, esta instancia decidió en forma unánime declarar nulo el proceso de contratación. Sin embargo, el ejecutivo aclaró que la anulación directa del contrato es competencia exclusiva del presidente ejecutivo de YPFB y del Órgano Judicial. “Al anularse el proceso de contratación, no es automático que se anule el contrato. Ese es un alcance al que nosotros (el directorio) no tenemos acceso y que compete a otras instancias del Estado”, manifestó Vincenti. Sin embargo, el ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente explicó que la invalidación del proceso conlleva a la anulación del contrato. “Si se anuló el proceso, eso implica que el contrato también queda sin efecto. Si el procedimiento quedó sin efecto, el efecto directo es anular el contrato”, indicó la ex autoridad. Tras la firma del contrato con Catler-Uniservice, durante la gestión de Santos Ramírez como presidente de YPFB, se abrió una carta de crédito por 35 millones de dólares para pagar el trabajo de la empresa estadounidense Gulsby (subcontratista de Catler), que construye gran parte de la maquinaria de la planta. De ese monto, 13 millones de dólares ya fueron desembolsados. Mientras, la construcción de equipos complementarios se realiza en Argentina y está a cargo de las empresas Sica y Gonella. Adicionalmente, hubo dos pagos por $us 3,3 millones a Uniservice, miembro del consorcio. Con la anulación del contrato, todo el dinero desembolsado podría perderse. Sin embargo, Fernando Vincenti sostuvo que la estatal está trabajando en alternativas de solución para evitar daños económicos al Estado “No creo que esté lejano o difícil llegar a un acuerdo con ellos (Gulsby, Sica y Gonella). Se tendrá que buscar la mejor opción. De lo que se trata es de desarrollar un conjunto de acciones que minimicen el daño”, subrayó. El directorio instruyó a Villegas “asumir las acciones legales, administrativas, financieras y técnicas necesarias para evitar mayor daño económico al Estado, debiendo en consecuencia dar continuidad en lo posible al proyecto de construcción e instalación de la Planta”. De la Fuente opinó que podría hacerse un contrato por excepción directamente con Gulsby, y ejecutar las pólizas de garantía de Catler-Uniservice, para evitar la pérdida de los recursos.